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El genocida inocente*

La continuada máquina de muerte que el ejército de Guatemala ha significado tuvo su cúspide con el general Efraín Ríos Montt, quien a partir del 23 de marzo de 1982 aumentó la ya grave represión con su variante de tierra arrasada en municipios seleccionados por la inteligencia militar para reprimir sin discriminación a niños, mujeres, ancianos. Una tras otra se vieron suceder las masacres y el horror como la única manera de detener el clamor generalizado de cambios en el país. El fusil por delante, el racismo como ideología.
Los números son escalofriantes. La carnicería del ejército guatemalteco dejó más de 200 mil muertos, 45 mil desparecidos, más de 1 millón de desplazados internos y cientos de miles de refugiados fuera del país, en un enfrentamiento cuya variedad armada duró 36 años, pero que se mantiene aún hoy intacto en una sociedad injusta en la repartición de los bienes sociales. Sin embargo, el terror militar no es un fin en sí mismo. Sirve para defender los privilegios desbordados de una minoría que ha sometido a los demás guatemaltecos. Eso no es un país, es una finca (al más puro estilo de otro genocida, Pedro de Alvarado). Efraín Ríos Montt es uno más de los feroces capataces de esa finca.
En julio de 2005, el juez español Santiago Pedraz emitió orden de captura internacional a Ríos Montt bajo la acusación de crímenes contra la humanidad. A partir de enero de 2012, fue acusado en Guatemala por los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad, junto con otros militares. En un accidentado juicio, el 10 de mayo la juez Yasmín Barrios condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por los cargos imputados. Fue una grata sorpresa mundial y fue un alivio para los familiares de las víctimas. Se tuvo una confianza inicial de obtener justicia en ese país que expulsa hacia el exilio o hacia la tumba a los opositores políticos.
Durante el juicio se evaluaron testigos, peritos y documentos militares: 98 testigos propuestos por el Ministerio Público rindieron declaración; más de 50 peritos fueron indagados, entre ellos militares propuestos por la defensa de los generales acusados; la Fiscalía entregó a los jueces 606 defunciones de las víctimas de 17 masacres realizadas en el área ixil, Quiché; se realizaron peritajes sobre 420 osamentas que han sido ya identificadas; la documentación existente de los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía son parte de las pruebas integradas por el Ministerio Público; informes elaborados por oficiales militares forman también parte de la evidencia examinada.
Sin embargo, diez días después, el 20 de mayo, bajo gran presión interna por parte de la oligarquía reunida en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la amenaza siempre presente de la reactivación de la violencia política, la llamada Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia contra Ríos Montt en uno de los actos más vergonzosos en la historia legal de Guatemala.  Lo que parecía probable, sucedió. La Corte de Constitucionalidad se plegó a las exigencias del CACIF y los militares. Guatemala y la justicia pueden esperar a que el país no exista.
Los guatemaltecos y amigos de Guatemala en México alertamos sobre estos actos de impunidad continuada, la permanente negación del acceso a la justicia y les pedimos estar vigilantes de la aplicación de los derechos humanos en Guatemala.

*Documento entregado por un grupo de guatemaltecos y amigos de Guatemala reunidos el 23 de mayo a las 12:00 horas en la Embajada de Guatemala en México para protestar por la anulación de la sentencia al general Efraín Ríos Montt.

 

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