El estado corrupto se niega a morir
Manuel Villacorta
Guatemala se despojó formalmente de los gobiernos autoritarios a partir de 1986, cuando el primer gobierno civil presidido por Vinicio Cerezo toma el poder. Esta administración inauguraba el ciclo de la democracia formal. Varios gobiernos surgieron después (Serrano, De León, Arzú, Portillo, Berger, Colom, Pérez y Morales). Pero desde la primera administración (Cerezo) la nebulosa serpiente de la corrupción iniciaba su expansión hasta reproducirse vertiginosamente. Ninguna institución pública quedó exenta de este deplorable fenómeno. Los partidos políticos fueron la más trágica y fiel expresión de cómo la corrupción pudre y destruye todo intento de propiciar un Estado democrático moderno, equitativo, basado en el Estado de derecho.
Esa descomposición acelerada llegó a extremos inauditos con la administración de Pérez Molina y el Congreso de ese entonces, en donde los partidos mayoritarios PP y Líder, además de otros de menor influencia pero de igual accionar criminal, saquearon los siempre limitados recursos públicos. Riquezas súbitas y ostentosas contrastaron con millones de guatemaltecos viviendo en la miseria, hospitales colapsados y escuelas deplorables. La corrupción en efecto mata y destruye. Por eso mismo siempre he insistido en que para la mayoría de los guatemaltecos este es un Estado fallido y que para los criminales perfectamente organizados, este es un Estado perfecto, en donde la impunidad les permite actuar sin restricción alguna.
Trascendamos a lo global. Para Estados Unidos y Europa, Guatemala al igual que Honduras y El Salvador, constituyen el peligroso Triángulo del Norte, encontrándonos en las agendas de riesgo mundial, en la misma posición que Corea del Norte, Ucrania o ISIS. Implicamos narcotráfico, terrorismo potencial, migraciones ilegales, trata de personas, destrucción de los recursos naturales y una pobreza explosiva y expansiva que ya nadie duda, será el carburante para una mayor conflictividad e ingobernabilidad. ¿Podrían resolverse estos problemas si persiste la misma clase política corrupta que tenemos en la región? ¿Podríamos superar estos problemas si nuestras instituciones públicas siguen de hecho tan vulnerables ante el accionar del crimen organizado? Erradicar a esa clase política mafiosa y sus socios y reducir la corrupción a su mínima expresión, es el requisito sine qua non para poder dar un paso hacia adelante.
“Erradica a esa clase política mafiosa y sus socios y reducir la corrupción.”
Liberar de la cooptación a las instituciones públicas, especialmente aquellas que se vinculan al sector seguridad y justicia, es imprescindible para favorecer un cambio estructural que permita asentar un Estado más sustentable, basado en la aplicación eficiente de la justicia y que garantice seguridad humana y jurídica en todos los ámbitos. Pero parece ser que esto no lo entienden o no lo aceptan todos aquellos sectores que se han beneficiado con la corrupción y la impunidad. Quizá las reformas a la Constitución -tan eficientemente desvaloradas y desacreditadas por los coros cómplices del crimen organizado- ya no se lleven a cabo. Pero de algo estoy seguro: el caos social que se avecina, la conflictividad explosiva alimentada por el hambre de mayorías marginadas y la ausencia de Estado, provocarán un tsunami que arrastrará con todos, incluyendo aquellos que hoy creen estar a salvo bajo los temporales y ostentosos muros de la ignominia y la impunidad.
¿Podrían resolverse estos problemas si persiste la misma clase política corrupta que tenemos en la región? ¿Podríamos superar estos problemas si nuestras instituciones públicas siguen de hecho tan vulnerables ante el accionar del crimen organizado?
Fuente: [http://www.s21.gt/2016/11/se-niega-a-morir/]
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