Carlos Figueroa Ibarra
En la actual coyuntura no es ocioso recordar que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia de Guatemala. Fue el hartazgo ciudadano frente a la corrupción gubernamental y de la clase política. Morales fue el gran ganador de la movilización ciudadana desencadenada en 2015 fundamentalmente por las revelaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Por ello, hoy resulta paradójico que se haya convertido en el instrumento de los aviesos intereses que buscan desmantelar y expulsar a dicha comisión internacional. El propósito de toda esta conjura palaciega es perpetuar al conjunto de intereses político-económicos articulados a la corrupción. Herencia de las dictaduras militares, el llamado Pacto de Corruptos tuvo en el seno de los gobiernos civiles y la trastabillante democracia guatemalteca, un excelente caldo de cultivo. Hoy Guatemala tiene un Estado secuestrado por un grupo de intereses mafiosos aliados a la ultraderecha por un común deseo de impunidad. Esto fue lo que llegó al poder ejecutivo con el triunfo electoral de Morales en octubre de 2015.
En los tres años de su gestión, pero particularmente desde que la CICIG lo empezó a investigar a él y a su familia, el presidente Morales ha estado violando el Estado de Derecho en el país. Ha pretendido remover a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no se han prestado a los designios de quienes lo manejan en lo referente a dicha comisión. Expulsó del país al coordinador de la CICIG Iván Velázquez, y luego le ha impedido retornar a Guatemala. Pretendió cancelar la visa a once funcionarios de la misma y pese al amparo que les concedió la Corte de Constitucionalidad, el sábado 5 de enero quiso impedir la entrada de uno de ellos, Yilen Osorio, precisamente encargado de investigar el tráfico de influencias que involucraría al propio Morales. Morales desobedece con ello, una disposición que debería acatar por estar emitida por un órgano del Estado que tiene jurisdicción sobre estos asuntos. Asombrosamente, el lunes 7 de enero la Canciller guatemalteca presentó un escrito ante la ONU finalizando de manera unilateral, el convenio internacional que sustenta la presencia de la CICIG en Guatemala. En una conferencia de prensa el propio presidente ha confirmado este abandono unilateral. Esto no está permitido de acuerdo a la Convención de Viena en materia de Tratados Internacionales y tampoco según el artículo 56.2 del acuerdo bilateral del gobierno con la CICIG. No en balde Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ha rechazado esa denuncia unilateral y ha reafirmado que la CICIG continuará hasta el 3 de septiembre del presente año.
En la búsqueda de impunidad el grupo de corruptos y violadores de derechos humanos que gobierna a Guatemala, ha decidido patear el tablero institucional y legal en lo que ha sido presentado como un golpe de estado paulatino. Si triunfa en sus designios, Guatemala habrá perdido lo poco que ha logrado avanzar desde los acuerdos de paz de 1996. Estará gobernada por una mafia y el régimen guatemalteco se consolidará como cleptocracia.
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