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Después de 18 días,  el gobierno de Otto Pérez Molina decidió levantar el estado de sitio  que había establecido en el municipio de Santa Cruz Barillas. La situación que se generó después del ataque contra tres pobladores del lugar por sicarios que  podrían haber actuado en  función de los intereses de la compañía Hidro Santa Cruz,  ha resultado reveladora de  tendencias que van mucho más allá de este pequeño municipio de Huehuetenango. En efecto hay que preguntarse lo que existe detrás del conflicto en este municipio de 1,112 kilómetros cuadrados y aproximadamente 127 mil habitantes. Y lo que hay detrás es  un proyecto  que va mucho más allá de los designios de Hidro Santa Cruz. Me motiva  escribir este artículo la decisión del gobierno  y una carta que me ha enviado Sergio Morataya, el vocero de Hidro Santa Cruz en la que  afirma que nunca dijo las palabras que Associated Press le atribuyó y que yo reproduje en mi columna del jueves 10 de mayo de 2012.

Sin embargo, hay que ir más allá de lo  que sucede en el minúsculo municipio por la construcción de una hidroeléctrica que según me informa Sergio Morataya es  pequeña  (5 megas).  Detrás de esa pequeña hidroeléctrica se encuentra  una nueva fase de expansión de la acumulación capitalista que incluso ya ha sido teorizada por las ciencias sociales.  Un teórico inglés, David Harvey, la ha conceptualizado con la categoría de  “la acumulación por desposesión” y según nos informa corresponde a una nueva etapa de la expansión imperialista por el mundo. En la “acumulación por desposesión”, el gran capital encuentra nuevas fronteras  de inversión  en la construcción de megaproyectos de toda índole, en la introducción de nuevos cultivos que resultan altamente rentables en el mercado mundial. Es un proceso parecido al que  Marx teorizó en El Capital en el siglo XIX, refiriéndose a la acumulación originaria.  Pero en este caso el despojo y violencia que se hace sobre campesinos, pueblos indígenas, pequeños productores y zonas de  la periferia capitalista no están encaminadas a  sentar las premisas históricas del capitalismo (la concentración de capital y la expansión del trabajo asalariado) sino son un avance más en la extensión y profundización de la acumulación capitalista propiamente dicha. En el caso de toda la región mesoamericana, esta nueva fase de acumulación capitalista comprende un magno proyecto que fue nombrado hace unos años como el “Plan Puebla-Panamá” y que ahora es conocido como el “Proyecto Mesoamérica”. Este proyecto  incluye  la construcción de vías de comunicación interoceánica en la región mesoamericana, corredores de maquilas, proyectos hidroeléctricos, instalación de megaproyectos turísticos, construcción de nuevas carreteras, apropiación de la biodiversidad y recursos naturales e introducción de nuevos cultivos considerados “commodities”. Desde el punto de vista de los Estados Unidos de América, este  proyecto sería  el afianzamiento de su dominación regional y solucionaría de manera sustancial  la comunicación  de la región más desarrollada  de dicho país (la costa este)  con respecto a toda la zona del pacífico.

Obviamente este colosal proyecto  implica, como  ha sucedido con las acumulaciones originarias, una  enorme dosis de violencia para poder desplazar a poblaciones que durante siglos  han vivido en regiones que se han convertido en  objeto de la voracidad de la expansión capitalista.  Y esa necesaria violencia en Guatemala se vivió en el caso de Santa Cruz Barillas con toda la cultura del terror que durante siglos  se ha acumulado en el país: los habitantes de dicho municipio fueron criminalizados por el gobierno, asociados  al narcotráfico convertidos  por tanto convertidos en parte de  las “otredades negativas” (maleantes refractarios al desarrollo); la acción de las fuerzas de seguridad del Estado se dirigieron hacia los pobladores y no hacia los asesinos que hicieron el atentado del 1 de mayo contra habitantes del lugar; parte de la población del municipio tuvo que huir y reprodujo la dinámica de las Comunidades de Población en Resistencia durante los años del conflicto interno.

Signos ominosos hemos estado viendo en este gobierno que apenas lleva cuatro meses de ejercicio: una reforma tributaria a modo de los intereses de la cúspide empresarial, una vicepresidenta que acumula poder de manera desmedida, escándalos de corrupción en los ministerios de salud y agricultura que afectan al de finanzas, licitaciones otorgadas a los favoritos de turno, el intento de imponer un Procurador de Derechos Humanos que  sería obsecuente con el gobierno y una actitud intervencionista hasta en ámbitos como el de Flacso-Guatemala. Y en el caso que nos ocupa en este artículo, la aplicación del hábito contrainsurgente y la cultura del terror en función de los intereses de la voracidad del gran capital.

Carlos Figueroa Ibarra
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