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Jaime Barrios Carrillo

El 31 de enero de 1980 el Estado guatemalteco cometió una masacre inusitada en la embajada española, violando un principio internacional reconocido en todas partes. El 25 de marzo de 1996, el canciller guatemalteco Eduardo Stein, asumiendo la responsabilidad del Estado, pidió en Madrid públicamente disculpas al pueblo español por lo ocurrido. Hasta este siglo se llevó a cabo un juicio en el que un exjefe policial, el temido Pedro Arredondo, fue condenado.

Donaldo Álvarez según un testigo, el fallecido periodista Elías Barahona, dio la orden de asaltar la embajada siguiendo instrucciones del general Romeo Lucas. Fue el preludio del genocidio que después se cometería contra campesinos indígenas en Quiché, en especial en el Triángulo Ixil. Genocidio es palabra muy fuerte y requiere de elementos probatorios con calidad jurídica. La abogada española Sofia Duyos publicó el año pasado un convincente libro sobre el tema.

Las viejas fotos del general Lucas García y del ministro de Gobernación Donaldo Álvarez nos retrotraen a una época paleolítica. Representan lo peor de nuestra historia contemporánea. La quema de la Embajada de España pertenece a sus macabros logros.

Un académico de la ultraderecha justifica la masacre con la simpleza de que fue un producto del carácter impulsivo del general Lucas García, “conocido por ese tipo de arrebatos”, afirma. Y agrega que el general no solía enfocar los problemas desde la perspectiva legal sino “procedía de modo personal y directo, más como un militar de carrera que como un político…”.

Es un argumento falaz. No se trata de la personalidad de Lucas sino de una política de represión, tierra arrasada y genocidio planeada y ejecutada por el Estado guatemalteco. Además, eso de “como militar de carrera” no le hace favor a los oficiales profesionales que no han actuado como criminales de guerra.

El 24 de enero de 1980 el licenciado Abraham Ixcamparic salió a las 7:55 de la sede de su partido el Frente Unido de la Revolución FUR en el centro histórico. Se había visto una camionetilla amarilla sin placas cerca con hombres de la Policía Judicial. Ixcamparic fue secuestrado en su propio automóvil y su cuerpo acribillado apareció más tarde muy cerca de la Dirección General de la Policía. ¿Qué había hecho para que lo mataran?

Documentos de la CIA americana desclasificados en 1996 brindan información de la actividad criminal del gobierno de Lucas García y de las dificultades de colaboración con el mismo por las violaciones de los derechos humanos. Entre otras cosas:

“Durante el período en que Lucas ha ejercido, se ha denunciado un renacimiento de un escuadrón de la muerte. Algunos de los recientes asesinatos y desapariciones misteriosas han sido atribuidas a este tipo de grupo, posiblemente actuando tras la fachada de un Ejército Secreto Anticomunista. Han aumentado los actos de violencia contra personajes políticos y sindicales…”.

Resulta inconsistente afirmar que lo sucedido en la embajada de España estaba en estrecha relación con la Guerra Fría. Los Estados Unidos veían preocupados los hechos de represión del gobierno de Lucas García y no los apoyaban. Incluso el embajador español Máximo Cajal que sobrevivió al asalto con heridas graves tuvo que ser trasladado con premura del hospital donde se recuperaba a la sede de la embajada de Estados Unidos para salvarlo de una muerte segura en manos del gobierno guatemalteco. El embajador norteamericano Frank Ortiz Jr. escribió:

“Decidí trasladar a don Máximo, tan pronto como fuera posible, a mi segura residencia oficial, donde estaría a salvo. Por la noche, la fachada de nuestra residencia fue ametrallada desde un automóvil en marcha, una vez que había trascendido que don Máximo se hallaba en su interior…”.

El otro sobreviviente, el campesino Gregorio Yujá Xoná, fue secuestrado en el hospital y su cadáver lo fueron a tirar a la Universidad de San Carlos en un acto de terrorismo de Estado.

El embajador norteamericano Frank Ortiz Jr. en un escrito de 1998 criticó a las fuerzas de la derecha radical. Recalca las advertencias que su embajada hizo al gobierno guatemalteco sobre la escalada de violencia. Señala las injustas acusaciones contra el embajador español Cajal y subraya que él siempre contó con el apoyo de su gobierno en Washington.

El asesinato de Abraham Ixcamparic tiene relación directa con la presencia de los campesinos de Quiché que llegaron a protestar a la capital para denunciar la represión criminal de sus comunidades. Al no ser recibidos por las autoridades, y acosados por las mismas, tomaron la decisión desesperada de tomar la embajada de España para exigir que se estableciera una comisión independiente que investigara los crímenes del Ejército en Quiché. Ixcamparic había estado la noche anterior en la sede de su partido dialogando con los campesinos. La idea era pedir que el Congreso los recibiera. Pero Lucas no permitiría nada.

El embajador norteamericano Frank Ortiz Jr. en un escrito de 1998 criticó a las fuerzas de la derecha radical. Recalca las advertencias que su embajada hizo al gobierno guatemalteco sobre la escalada de violencia. Señala las injustas acusaciones contra el embajador español Cajal y subraya que él siempre contó con el apoyo de su gobierno en Washington.

Culpar a la guerrilla de la toma y de sus consecuencias fue lo único que le ocurrió al gobierno terrorista de Lucas. Además de satanizar al embajador Cajal. La ultraderecha sigue acusando a Cajal de haber organizado todo, ignorando la situación de violencia y enfrentamiento que acontecía en Quiché, los asesinatos de campesinos y los problemas de despojo de tierras que fueron las causas reales que llevaron a la toma de la embajada. La derecha radical sigue sosteniendo que el delito consistió en ocupar la embajada. Una negación de las verdaderas causas y de la obvia responsabilidad del gobierno en el asalto.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH considera que las fuerzas policiales usaron lanzallamas “o un lanzador de gas inerte”. La periodista Irma Flaquer que presenció los hechos tomó fotos de policías que portaban artefactos similares y las difundió en medios internacionales. Flaquer fue desaparecida unos meses después.

En cambio el antropólogo David Stoll deja abierta la posibilidad de que el incendio lo provocaron los campesinos que se inmolaron, o por error se les estalló adentro una bomba molotov.

En todo caso la masacre no tiene otro responsable que el Estado guatemalteco, por haber asaltado la embajada contra la voluntad del embajador que pedía que se retiraran las fuerzas de seguridad.

Resulta otra simpleza considerar las reacciones internacionales de rechazo al asalto, que produjo 37 muertes, como una conspiración de la guerrilla. España rompió relaciones con Guatemala y muchos gobiernos y organizaciones internacionales optaron por la condena al salvaje régimen de Lucas sin que mediaran contactos con las guerrillas. David Stoll afirma que “la violación del derecho internacional fue tan flagrante que convirtió al gobierno de Lucas García en paria internacional”.

La abogada española Sofía Duyos afirma que la quema de la embajada marcó un antes y un después. Su libro Los papeles secretos del genocidio en Guatemala es un tratado del genocidio del pueblo maya ixil durante el gobierno de Ríos Montt, que ella considera comenzó con Lucas García y la quema de la embajada de España. Se trata de un análisis jurídico del Plan de Operaciones Sofía que Ríos Montt planificó al detalle y condujo a una destrucción “científica”, pormenorizada y sistemática del pueblo maya ixil. El Plan Sofía es la operación del “remate final” del genocidio que comenzó con Lucas, señala Duyos.  

De que el Plan Sofía del Ejército llevó al genocidio fue confirmado en 2018 por un tribunal competente. Los tres jueces, Sara Yoc, María Eugenia Castellanos y Jaime González señalaron por unanimidad que las masacres del pueblo ixil están enmarcadas dentro un plan de exterminio sistemático realizado por el Ejército y detallaron las barbaries ocurridas en los ochenta en Quiché. Esto convalida la sentencia de 2013. Dos veces han dictaminado los tribunales que sí hubo genocidio.

Lucas García fue acusado pero no fue procesado. Tenía alzhéimer, la enfermedad del olvido y de eso murió. Un general de aspecto lombrosiano, Germán Chupina, también acusado, murió antes de ser juzgado. La misma historia con otro militar implicado: el general fraudulento Aníbal Guevara. Donaldo Álvarez en cambio se encuentra prófugo. Lo último que se supo es que tramitaría su jubilación del Estado. ¿Tendrá también alzhéimer?

En todo caso la masacre no tiene otro responsable que el Estado guatemalteco, por haber asaltado la embajada contra la voluntad del embajador que pedía que se retiraran las fuerzas de seguridad.

Fuente: [elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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