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Carlos Figueroa Ibarra

Desde el 9 de octubre de 2020, cuando el comandante César Montes fue arbitrariamente capturado en México por el Instituto Nacional de Migración, elementos de la Guardia Nacional y algunos marinos, empecé a imaginar que una nueva ofensiva represiva estaba en marcha en Guatemala. Ciertamente la captura sucedió en México, pero fue concertada a través de la corrupción con el gobierno de Alejandro Giammattei. A lo largo de estos treinta dos meses de prisión de César, he advertido indiferencia de parte de la mayor parte de la comunidad de derechos humanos y de las fuerzas democráticas y de izquierda en Guatemala. La solidaridad con César ha sido en gran medida de carácter internacional. No se necesitaba ser muy avezado para intuir que después de César otros serían encarcelados.

Especulo que esta indiferencia tiene que ver con la controversial personalidad del antaño comandante insurgente. También con sus disputas y diferencias ideológicas y políticas con otros sectores de izquierda. Pero en esto hay algo que se pierde: una cosa es como mira a César una parte de la izquierda y otra como lo mira la derecha entera. Para la derecha, César es una de las encarnaciones de una odiosa insurgencia que ahora ha mutado en múltiples formas: en la lucha por la justicia transicional y el resarcimiento, en la lucha por los derechos humanos y el ambiente, en la lucha contra el extractivismo, en la lucha por el feminismo, en la lucha contra la corrupción. Simbólicamente César es parte de todo lo que le resulta amenazante al orden criminal que hoy impera en Guatemala.

Cuando escribo estas líneas leo un mensaje de Juan Francisco Solorzano Foppa desde el cuartel Mariscal Zavala, la misma prisión en la que se encuentra César Montes. Dice que pese a que no existe evidencia alguna contra él, seguirá encarcelado. Veo también un mensaje en Twitter del principal personero de la Fundación contra el terrorismo contra Víctor Ferrigno: lo acusa de terrorista marxista y anuncia la causa por la cual buscarán encarcelarlo. Foppa ha sido encarcelado por estar en la defensa del periodista José Rubén Zamora quien también está encerrado en Mariscal Zavala. Recuerdo a Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI) hoy condenada a cuatro años. ¿Cuántos luchadores en contra del extractivismo están hoy encarcelados como lo estuvo Bernardo Caal Xol?

Leo una noticia que nos dice que un asesor de campaña de la candidata presidencial Zury Ríos controla el monitoreo del Tribunal Supremo Electoral. El gran empresariado, los enriquecidos con la corrupción, el crimen organizado enquistado en el Estado y la derecha neofascista, al parecer ya han consensuado quien será la próxima presidenta de Guatemala y podemos imaginar quien será su ministro de Gobernación.

Guatemala está transitando de una dictadura militar desmantelada tras los acuerdos de paz de 1996 hacia una nueva forma de autoritarismo, la expresada en la gobernanza criminal. La gobernanza criminal es un concepto sociológico que significa la zona gris de las fronteras borrosas entre corrupción, crimen organizado y Estado. Peor aún, gobernanza criminal puede significar el control delincuencial del Estado. Esto sucede en Guatemala y esa descomposición ya carcome hasta la propia Universidad de San Carlos.

La gobernanza criminal opera con los mismos métodos terroristas que la dictadura militar. Tiene como objetivo criminalizar, judicializar y aterrorizar a los que han logrado procesar a los acusados de crímenes contra la humanidad como lo fue el propio Efraín Ríos Montt. A los que procesaron a los grandes corruptos en el seno del Estado. A los que se oponen a la gran minería, los cultivos convertidos en commodities y todos los megaproyectos asociados al extractivismo. A los que por su participación o simplemente parentesco son asociados a la ahora extinta insurgencia.

Un nuevo orden superior en avaricia al anterior se está instaurando en Guatemala a través de un bloque en el poder que es heredero del que se restauró en 1954. Sigue teniendo en su ideología el anticomunismo, pero sus métodos son ahora el asesinato moral, judicial y también simbólico. Pese a sus abismales diferencias, esto es lo que une a César Montes, José Rubén Zamora, Juan Francisco Solórzano Foppa y Virginia Laparra. Sería bueno que los que se oponen a la gobernanza criminal, no lo olviden.

Guatemala está transitando de una dictadura militar desmantelada tras los acuerdos de paz de 1996 hacia una nueva forma de autoritarismo, la expresada en la gobernanza criminal. La gobernanza criminal es un concepto sociológico que significa la zona gris de las fronteras borrosas entre corrupción, crimen organizado y Estado. Peor aún, gobernanza criminal puede significar el control delincuencial del Estado. Esto sucede en Guatemala y esa descomposición ya carcome hasta la propia Universidad de San Carlos.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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