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Por: Luis Solano* y Rocío García**

Introducción

La riqueza natural del municipio de Livingston, Izabal, siempre ha sido un atractivo para inversionistas
locales y extranjeros. Desde el siglo XIX, cuando se comenzó a expoliar su riqueza
forestal, el interés por sus recursos no renovables aumentó considerablemente.

En los últimos tres lustros, megamonocultivos como la palma africana, las licencias mineras para
extracción de níquel y los contratos petroleros se posicionaron como los grandes negocios que,
como siempre, capitales nacionales y extranjeros asociados los concentran. Junto a proyectos
turísticos, otros monocultivos nuevos como la teca y la melina, fincas ganaderas y agroforestales,
e incluso “narcofinqueros”, el panorama se torna borrascoso para la riqueza natural y las comunidades
del municipio.

La amenaza latente contra la riqueza natural, áreas protegidas, parques nacionales y los desafíos
impuestos a los derechos de las comunidades asentadas desde hace décadas en ese municipio,
hacen brotar ambientes conflictivos.

Las violaciones a los derechos humanos de los comunitarios y las comunitarias así como las constantes
amenazas en un contexto donde las comunidades se han visto atrapadas por los modelos
estatales de legalización de sus tierras, están creando movimientos de protesta y rechazo contra
esas inversiones. La más reciente de estas movilizaciones y voces de protesta van contra las operaciones
petroleras que cobraron auge en el último año. Sin embargo, esa lucha comunitaria no es
nueva. Dio inicio desde el mismo momento en que el gobierno de Álvaro Arzú y del Partido de
Avanzada Nacional (PAN) ofreció una gran extensión territorial del municipio de Livingston que
a la vez incluía el Lago de Izabal, para explorar petróleo y gas natural.

En 1997, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tras una licitación petrolera internacional, concedió
dos contratos petroleros a la guatemalteca Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), localizados
en Livingston:
a) El primero abarcaba casi todo el Lago de Izabal; y,
b) El otro recorría toda la frontera terrestre y marítima con Belice.

Ambos contratos fueros firmados y autorizados en el año 2001 durante la gestión de Alfonso Portillo
y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). El segundo contrato tomó forma con el gobierno de
Alfonso Portillo, pero el primero fue cancelado en 2002 durante esa misma gestión. La razón: el posicionado
sobre el Lago de Izabal levantó serias protestas comunitarias y de organizaciones ambientalistas
a principios de la década pasada, lo cual presionó al gobierno a tomar esa decisión. Sin embargo,
el gobierno dejó vigente el contrato que recorre las riberas del Río Sarstún y se adentra en la plataforma
marítima donde desemboca ese accidente geográfico, en la frontera con Belice.

Con el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA) dieron
comienzo los estudios de la fase sísmica, y ya con el gobierno actual de Otto Pérez Molina y el Partido
Patriota (PP), la CPA se prepara para perforar un pozo petrolero exploratorio.

Todo este proceso agudizó las relaciones comunitarias pues dividió comunidades, perjudicó trámites
de legalización de tierras, complicó la vida de muchos comunitarios y comunitarias que hoy se ven
afectados con demandas judiciales interpuestas por instituciones estatales, presionadas por la compañía
petrolera en cuestión, según las denuncias de los pobladores.

El ensayo que se presenta a continuación es un esfuerzo por develar poderosos intereses que se aglutinan
alrededor del potencial petrolífero que yace en el territorio de Livingston y su plataforma
marítima.

Aborda el análisis de estos de intereses desde varias disciplinas tales como la economía política, el
periodismo de investigación, la ecología política y la historia política. Para ello se apoya en la interpretación
del concepto de territorio ofrecida por David Harvey, quien define esta categoría en términos
geopolíticos y estratégicos donde el capital, en crisis de acumulación en algunos países, puede
ser absorbido vía desplazamiento temporal o bien desplazamiento espacial, lo que implica su
incursión en territorios fuera del país que sobreacumuló. De lo contrario, el capital inmóvil se
devalúa al perder su capacidad de producir plusvalía. Estas inversiones de capital externo se fusionan
con los intereses de capitales locales, y se arman alianzas inversionistas como la que este ensayo
analiza.

En este ensayo queremos precisar que esos capitales extranjeros no emergen súbita e inesperadamente
como podría deducirse mecánicamente del modelo explicativo. Refuncionalizan relaciones
históricas en contextos nuevos y arriban a los territorios a partir de nexos con capitales locales y
operadores que conocen la estructura y funcionamiento de toda una institucionalidad ambiental,
económica, política, además de aspectos de índole fiscal y jurídica.

Estas conexiones facilitan que los capitales provenientes de otros países se instalen con alguna
certeza y estabilidad, al tiempo que dan oportunidad a la conservadora burguesía guatemalteca de
insertarse con ciertas garantías en mercados internacionales.

Es una nueva relación corporativa que tiene como base precisamente, el movimiento global especulativo
del capital financiero.

Este estudio pretende, además, demostrar los fuertes vínculos existentes con otros contratos e
intereses petroleros localizados en el sur de Belice contiguos al área fronteriza con Guatemala, e
igualmente con la plataforma marítima compartida entre ambos países. Apela a evidenciar cómo
los petroleros y elites empresariales guatemaltecas, han sacado amplia ventaja de un diferendo
limítrofe entre Guatemala y Belice que está lejos de resolverse y donde el tema de los hidrocarburos
subyace entre los mayores intereses de esa añeja disputa territorial.

Finalmente, busca exponer a luz pública la difícil situación que atraviesan miles de pobladores
comunitarios y pobladoras comunitarias atrapadas entre esos intereses corporativos, la amenaza
estatal y los juegos políticos de algunas instituciones ambientalistas estatales y privadas que tienen
bajo su autoridad las áreas protegidas y parques nacionales creados en los últimos años en Livingston,
y que hoy acorralan a los pobladores.

Para una mejor comprensión de las argumentaciones y las informaciones contenidas en el texto del
ensayo, lo hemos dividido en dos partes:
1.- La primera trata, desde una perspectiva histórica, la actividad petrolera en el municipio de
Livingston en el transcurso de las últimas cinco décadas, y los múltiples intereses que han confluido
en la región. Se incluye en esta parte un análisis de la situación actual y se aborda la estrecha
relación existente con contratos petroleros en el sur de Belice y el contrato petrolero en Livingston,
todo esto en el contexto de la añeja disputa territorial entre Guatemala y Belice.
2.- La segunda parte aborda igualmente la conflictividad comunitaria creada por la presencia de
esos intereses petroleros, en un contexto de la creación de áreas protegidas, conflictos agrarios,
incumplimientos estatales para la legalización de tierras y la presencia de grandes negocios lícitos
e ilícitos que han colocado en una situación difícil a muchas comunidades. El incierto futuro de
estas poblaciones y sus formas de lucha y resistencia quedan plasmados en esta sección.

Para continuar la lectura del artículo completo da clic aquí.

*Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
**Antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
Integrantes del equipo de El Observador

 

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