Consuelo Porras fuera de la Usac

Jaime Barrios Carrillo

Patria, palabrota añeja por los largos explotada
hoy la patria es una vieja que está desacreditada.
La Chalana

Nuestra historia está marcada por pactos e intrigas de grandes empresarios que han manejado a la clase política, a su vez aliada a las mafias y a sus alfiles o caballos militares, como quiera verse el ajedrez. Se ha venido demostrando la participación durante décadas de militares en la corrupción estatal y delitos como narcotráfico, parricidio, tráfico de influencias y contactos con el crimen organizado, incluyendo las maras. De Arana Osorio a Galdámez, pasando por el general Otto Pérez Molina y el coronel prófugo Puñalito Ovalle.

Y no olvidemos a los “jurisconsultos con diplomas” pero sin ética, y en casos descarados: sin títulos y con plagio. ¿Han sido siempre corruptos los abogados? Por supuesto que no, ha habido y hay abogados con genuinas inquietudes sociales y políticas. Justo recordar a los vilmente asesinados Rolando Andrade Peña, Mario López Larrave, Guadalupe Navas, Jorge Jiménez Cajas, Abel Lemus, entre muchos. Eran otra clase de abogados. Y de políticos. Comprometidos con la ley y el país. Opuestos al pacto de corrupción de empresarios, políticos, militares y licenciados que pone magistrados y domestica presidentes. Capaces de manipular los medios de la democracia formal para sus fines, como uso de las Cortes para judicialización de la política, o métodos perversos que han ido en este medio siglo del asesinato a la estigmatización de comunista. Ven “chairos” hasta debajo de las alfombras de Semana Santa. Son causa y efecto del atraso del país. Son el atraso.

Nos acercamos al 15 de septiembre. Conmemoración del Bicentenario de la Independencia en medio del resquebrajamiento moral de un Estado Uninacional y Excluyente. Con el agravante de la cooptación de las Cortes, del Ministerio Público, del Congreso y del Ejecutivo con el incorregible e incapaz Alejandro Giammattei. Nos gobierna el rimen organizado y el narco. Los contratistas del Estado ligados a diputados y alcaldes cuentan más que los ciudadanos. Un perfecto Pacto de Corruptos. De ahí que reflexionar sobre la idoneidad de abogadas como Consuelo Porras y Leyla Lemus en su relación con la tricentenaria Universidad de San Carlos resulta indispensable.

Muestras de repudio a nivel académico dieron estudiantes san carlistas durante una clase virtual impartida por la fiscal general Consuelo Porras, le criticaron con firmeza sus acciones. No tardó para que se hicieran señalamientos públicos de plagio en la tesis doctoral de la Fiscal General, lo que llevó a que la Universidad Mariano Gálvez se viera obligada a manifestarse aunque lo hizo con un argumento evasivo. El plagio académico es una falta grave que atropella la ética.

Una acción velada y premeditada que por oficio siempre debe ser investigada en el marco de los estudios superiores.
Llama la atención también la noticia que la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Susana Lemus Arriaga, nombrada por el presidente Giammattei, no concurrió a impartir el curso de Derecho Procesal Constitucional en la facultad de Derecho de la Usac. Alertada por los escándalos académicos de Consuelo Porras, la magistrada Lemus optó por las de Villadiego. Se trata de falta de solvencia académica en los méritos que la magistrada Lemus presentó para optar al cargo en la Corte de Constitucionalidad. Según una nota de prensa de Evelyn Boche de elPeriódico, Lemus Arriaga carece de los títulos de maestría y doctorado. Boche consigna que “los títulos académicos deben registrarse en la Contraloría General de Cuentas (CGC), donde únicamente aparecen los títulos de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y abogado y notario, obtenidos por Lemus en noviembre de 2005”.

Resulta notorio que la Corte de Constitucionalidad se limpia las manos aduciendo que la información fue proporcionada por la hoy magistrada. Así de simple. Y nuevamente la Universidad Mariano Gálvez aparece como la institución donde se habría obtenido la maestría de Lemus sin que hasta ahora dicha universidad se pronuncie. Así de fácil.

Hay graves señalamientos de falta de ética de Porras y Lemus. También una obligación de lo que deben hacer las universidades cuando surgen graves señalamientos académicos. No se puede hacer la del avestruz. En relación a la San Carlos resulta necesario recordar que nuestra alma mater nacional ha sido históricamente una reserva moral de la nación y ha asumido en diversos momentos de nuestra historia un compromiso social y ético con la sociedad guatemalteca.

Rememoro a los estudiantes que se rebelaron contra las dictaduras de Estrada Cabrera y la posterior del general Ubico. También la oposición del movimiento estudiantil contra la restauración oligárquica de 1954, tras el golpe auspiciado por la CIA, con nombres de líderes estudiantiles como Manuel Colom Argueta, quien en su texto Testimonios para la historia escribió: “Nuestra generación inició la protesta y oposición a las medidas antidemocráticas y antinacionalistas desde el seno de la Asociación El Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al principio, el Gobierno no dio importancia a la protesta estudiantil; pero, más tarde, al crecer esa resistencia nos reprimió con masacres, cárceles y exilio.”

No puede dejar de visualizarse el monumento a los mártires universitarios, levantado en octubre del año pasado para honrar la memoria de 736 estudiantes, catedráticos y trabajadores de la San Carlos que fueron asesinados por las dictaduras corruptas durante los años de conflicto armado: “Los mártires universitarios iban tras la vida y siguen con nosotros”. Entre ellos el abogado y catedrático Adolfo Fito Mijangos, cuyo nombre lleva el bulevar universitario. Mijangos dijo alguna vez: “En Guatemala el derecho es ciencia ficción”. Lo recordamos hoy pensando en los títulos dudosos y los señalamientos de tesis plagiada, en suma la falta de idoneidad de las abogadas Consuelo Porres y de Leyla Lemus para sus respectivos cargos, y desde luego para ser docentes de la San Carlos.

Inevitable tarea y compromiso moral tiene ahora el decano de Derecho de la Usac, Henry Arriaga, así como el director de posgrados Luis Cáceres. El asunto trasciende el campus universitario y exige que la universidad deje clara la situación, siguiendo su tradición democrática y de apego a los intereses del pueblo de Guatemala. Los señalamientos de plagio vertidos contra la fiscal general Consuelo Porras no pueden ignorarse. La San Carlos debe limpiar el terreno académico respetando el marco deontológico y de valores fundamentales que han sido parte de la historia de la universidad nacional.

Diversos sectores de la San Carlos han expresado su rechazo al plagio. No debería tardar mucho para que las peticiones de rescindir el contrato o la relación docente de Consuelo Porras llegue al Consejo Superior Universitario, que tendrá una oportunidad histórica de reivindicar la autonomía universitaria ligada a los intereses generales de la sociedad. La salida de Consuelo Porras de la San Carlos resulta un paso necesario para el rescate académico, social y ético de la universidad, vista en su conjunto. Porras no tiene nada que hacer en nuestra alma mater nacional. Con más razón ahora que se acerca una fecha simbólica, 15 de septiembre, que el Pacto de Corruptos quiere “celebrar” sin ningún fundamento crítico. La Patria del Criollo, administrada por abogados siniestros en alianza con militares aún más siniestros, se está resquebrajando. No puede suministrar bienestar ni servicios a la población, sino migración masiva, desnutrición de la infancia guatemalteca y un sistema de salud colapsado y sin vacunas. Güisachines del lugar: fuera de la San Carlos.

No puede dejar de visualizarse el monumento a los mártires universitarios, levantado en octubre del año pasado para honrar la memoria de 736 estudiantes, catedráticos y trabajadores de la San Carlos que fueron asesinados por las dictaduras corruptas durante los años de conflicto armado

Fuente: Facebook

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