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Carlos Figueroa Ibarra

Al tenor de la dominación global neoliberal, la Casa Blanca, la Unión Europea, la OEA  y muchos gobiernos  condenaron lo que calificaron  acto autoritario de Nayib Bukele  al destituir  la Asamblea Legislativa de El Salvador  al Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia. Mientras esto sucedía,  en Colombia observábamos una oleada de protesta antineoliberal y la consiguiente respuesta mediante un baño de sangre de parte del gobierno neoliberal de Iván Duque. El domingo 9 de mayo, las organizaciones no gubernamentales Temblores ONG e INDEPAZ emitieron un comunicado  consignando los saldos sangrientos  observadores entre el 28 de abril cuando estalló la sublevación popular y el 9 de mayo: 47 asesinados, 963 detenidos, 356 intervenciones violentas  contra manifestaciones pacíficas, 28 víctimas de agresiones oculares (similares a las que observamos en Chile), 12 actos de violencia sexual y otras fuentes consignan 548 desaparecidos.

Ese domingo 9, un contingente de la Minga Indígena fue interceptada en el municipio de Jamundí en las afueras de Cali, por un grupo de hombres armados probablemente simpatizantes del ex presidente Álvaro Uribe. El saldo fue  al menos 10 personas heridas. La Minga marchaba hacia  Cali  en donde pretendía hacer una demostración de protesta. El ataque fue precedido de una campaña de odio racista  difundida por redes sociales en la cual se advertía de “una invasión de indios forasteros” a los cuales había que parar a balazos. La narrativa neofascista encabezada por el expresidente Álvaro Uribe es que las fuerzas policiacas tienen derecho a ejercer acciones de autodefensa en contra de  vandálicos grupos violentos “narcoterroristas comunistas”.  El discurso de Uribe  tiene los elementos neofascistas que estamos observando en Latinoamérica: anticomunismo y racismo.

Lo que estamos viendo en Colombia  muestra el agotamiento profundo del neoliberalismo en América latina. La protesta popular  colombiana que al parecer tiene su epicentro en Cali pero que está presente en diversos lugares del país, es una respuesta  a la regresiva reforma tributaria que pretendía imponer el gobierno de Duque. Se trataba de aumentar el IVA 19% en productos básicos, gasolinas, luz y  gas además de aumentar el impuesto sobre la renta a las clases medias. De acuerdo a lo que ha expresado el eventual candidato presidencial Gustavo Petro, con esta reforma tributaria se buscaba hacerle frente al déficit fiscal que ha provocado un endeudamiento que  solamente ha servido para beneficiar a los grandes capitales. Nada nuevo bajo el sol: el neoliberalismo privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. La crisis neoliberal en Colombia, similar a la que observamos en Chile en 2019, ha provocado que Petro  sea un fuerte candidato para las elecciones presidenciales de mayo de 2022. La ferocidad de la represión gubernamental, es también una medida de terror para sembrar el miedo y desalentar las preferencias electorales que tiene. Colombia muestra que el neoliberalismo y las derechas ya no tienen mucho que ofrecer. En Argentina, Brasil y Bolivia han demostrado al regresar a gobernar que su repertorio de políticas públicas  es  inevitablemente antipopular. Colombia nos lo está corroborando.

La narrativa neofascista encabezada por el expresidente Álvaro Uribe es que las fuerzas policiacas tienen derecho a ejercer acciones de autodefensa en contra de  vandálicos grupos violentos “narcoterroristas comunistas”.  El discurso de Uribe  tiene los elementos neofascistas que estamos observando en Latinoamérica: anticomunismo y racismo.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Carlos Figueroa Ibarra
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