CAMPO PAGADO
EL ESTADO GUATEMALTECO DEBE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBREVIVENCIA DE LA POBLACIÓN K´EKCHÍ DESALOJADA POR LA FUERZA EN EL VALLE DEL POLOCHIC Y PROTEGER SUS DERECHOS HUMANOS

Las entidades y personas firmantes, repudiamos las violaciones a los derechos a la vida, a la vivienda, a la integridad y seguridad personales, a la protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de las personas desalojadas violentamente en la zona del Polochic, Alta Verapaz. Con esta acción, el Estado guatemalteco ha incumplido las obligaciones derivadas de los pactos internacionales de derechos humanos, además de que el desalojo fue efectuado con total desapego a la Observación General No. 7, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Por tales motivos, solicitamos:
1. Al Presidente de la República, ordenar la detención de los desalojos y la destrucción de viviendas y cultivos y cumplir con las obligaciones estatales de protección y garantía de los derechos humanos de las personas afectadas, un deber fundamental del Estado de Derecho y una parte sustantiva de la gobernabilidad democrática.
2. A la Procuraduría de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, rescatar y coordinar el diálogo y negociación entre la población afectada, CUC-CV, y las representaciones que correspondan a las personas individuales y/o jurídicas de las fincas desalojadas, más las asociaciones gremiales que les incluyen si hay registro de participación de estas. Censar a las personas desplazadas, registrando sus nombres, edades, números de cédula y afiliación al IGSS (cuando la haya), los daños personales y la cuantificación de daños materiales. Asimismo, que den seguimiento a las instancias obligadas a tomar medidas suficientes para ofrecer a la población afectada albergue, alimentación y el acceso a agua pura, con atención especial para las niñas y niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores. Que rindan informes periódicos de las negociaciones a la Comisión Legislativa para el caso Polochic, referida más adelante. Que emitan recomendaciones para resarcir a la familia de Antonio Bed Ac y a las personas afectadas personal y materialmente.
3. Al Congreso de la República, conformar una comisión investigadora que requiera información documentada sobre los siguientes puntos:
Ministerio de Gobernación: los actos del personal policial, la participación de efectivos militares y de cuerpos armados no oficiales; las instrucciones y procedimientos vigentes y a los que respondieron durante el operativo; su dictamen relativo a deducción de las responsabilidades y sanciones por excesos y omisiones.
Ministerio Público: el trámite de la orden de desalojo; la indagación y calificación de la muerte de Antonio Bed Ac y otros hechos violatorios de los derechos humanos, con el curso penal correspondiente.
Procuraduría de Derechos Humanos: Informe sobre su registro de los hechos; informe de antecedentes que obran en sus registros sobre las violaciones a los derechos humanos en la zona, contexto y actores.
Organismo Judicial: los criterios y consideraciones relativos a la orden de desalojo emitida por la Juez primera de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz.
Banco Centroamericano de Integración Económica: Copia de la normativa que rige los financiamientos a particulares en la región centroamericana, especialmente los proyectos en zonas sensibles en materia ambiental o pueblos indígenas; informe de las condiciones de contratación del financiamiento del BCIE para el desarrollo de proyectos empresariales
agroindustriales en la zona y en particular los que operan las propiedades desalojadas, incluyendo las consideraciones de Fontierras, Ministerios de Economía, Agricultura, y Ambiente, SEGEPLAN, SAA, y otros, si los hubo; informe de los bancos del sistema nacional en manejo del financiamiento del BCIE, registro de actas, correspondencia y documentación relativa a los financiamiento BCIE a las personas individuales y/o jurídicas vinculadas a las propiedades en las que se llevó a cabo el desalojo; estado de los créditos vigentes.
Registro de la Propiedad: Los estudios registrales de las propiedades en las que se llevó a cabo el desalojo.
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): Estados de la cuenta corriente de las personas individuales y/o jurídicas en posesión de las fincas en las que se llevó a cabo el desalojo, con un dictamen sobre sus historiales.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social: Estados de la cuenta corriente de las personas individuales y/o jurídicas en posesión de las fincas en las que se llevó a cabo el desalojo; Informe sobre historial de relaciones laborales entre los pobladores afectados y los patronos registrados y correspondientes a las fincas en las que se llevó a cabo el desalojo.
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG: Informe de sus registros sobre los hechos y su valoración de la zona, en el contexto de su mandato vigente.
Ministerio de Ambiente: Informe sobre la condición de la zona Valle del Polochic; Informe de gestiones y expedientes de las propiedades en las que se llevó a cabo el desalojo incluyendo el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio.
CONIC y CUC-CV: Informe sobre el estado de la negociaciones entre sus respectivas representaciones (su acreditación) y las personas individuales y/o jurídicas (su acreditación), gestoras de la orden de desalojo si las hubo, y/o vinculadas a la lista de propiedades en las que se llevó a cabo el desalojo, desde su inicio hasta la fecha 15 de marzo de 2011, con copias de actas si existen.
4. Se solicita que la comisión legislativa de investigación,
4.1 Dictamine en un plazo no mayor a 120 días, sobre la posición del Estado de Guatemala ante los hechos, lo actuado y omitido, y se constituya en garante de que cada una de las instituciones funcionará, según sus respectivas normativas y mandatos, para el cumplimiento de las leyes vigentes y actuará en razón de ellas.
4.2 Presente al pleno del Congreso de la República sus recomendaciones relativas a reformas de leyes y procedimientos vigentes, siendo urgente que se prevenga el uso histórico de la figura orden de desalojo, aplicado en detrimento de la función esencial del Estado de proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía sin discriminaciones de ninguna especie.

Si deseas firmar esta petición, más información en:
Solidaridad con Guatemala
solidaridadgt@gmail.com

 

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