Al otro lado del silencio

Jaime Barrios Carrillo

“Nadie será sometido a tortura o a tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante”
Amnistía Internacional

El 18 de febrero de 1981 el diario español El País sorprendió con la noticia de que en Guatemala, bajo control directo del presidente de la República general Romeo Lucas García y desde un edificio anexo al Palacio Nacional, se llevaba a cabo un programa gubernamental de asesinatos políticos. Se trataba de un documentado informe de Amnistía Internacional. En un arrebato, Lucas García acusó a Amnistía Internacional de estar al servicio del comunismo. 

Por fin, como había demandado antes el corresponsal polaco Ryszard Kapuscinski, se rompía el silencio sobre el violento país centroamericano. Los archivos desclasificados de la CIA se conocerían 15 años después y ratificarían que en Guatemala hubo escuadrones de la muerte adscritos a las estructuras del Estado, operados por las fuerzas de seguridad. Y las prácticas de torturas en interrogatorios de detenidos que después eran ejecutados y “desaparecidos”. Los prisioneros, miles, siempre fueron negados por el gobierno, en una política de terror que violó los derechos humanos y llegó trágicamente al nivel de genocidio, como lo confirmó un tribunal en septiembre de 2018. Los jueces señalaron por unanimidad que las masacres de la etnia ixil estaban enmarcadas dentro de un plan de exterminio sistemático realizado por el ejército y detallaron las barbaries ocurridas en los ochenta en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Se convalidó la sentencia de 2013 y así dos tribunales competentes han dictaminado que sí hubo genocidio. En los archivos desclasificados de la CIA de febrero de 1982 se confirman los planes del ejército de destruir poblaciones vinculadas a la insurgencia, con la convicción de que la toda población ixil era colaboradora de la guerrilla.

En 1997 se firmó la paz y los acuerdos contemplan las causas del conflicto armado para que no vuelva a repetirse. Aparte de los lacerantes contrastes creados por la histórica desigualdad en Guatemala, puede también preguntarse sobre el origen y sentido del aparato infernal dentro del Estado que acabó con la vida de miles de ciudadanos, a los cuales les fueron negados el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia. En muchos casos, demasiados, fueron desaparecidos tirándolos en aviones militares al mar. El modus operandi del Estado quebrantó sus propias leyes, incluyendo a nivel constitucional el derecho a la vida. No se respetó el pedido de habeas corpus. Simplemente se negaban las detenciones y se amenazaba a los familiares y amigos que insistían en solicitar recursos de exhibición. El Estado de derecho fue violentado de una manera inédita y feroz.

Habría que volver a noviembre de 1965 cuando fue traído el “consejero de seguridad” John P. Longan por John Gordon Mein, embajador de los Estados Unidos obsesionado con la Guerra Fría. Longan contribuyó a montar el aparato contrainsurgente con operaciones encubiertas. Desde el principio quiso Longan que El Archivo estuviera en Casa Presidencial pues temía “infiltraciones comunistas”. Esencial para los operativos fue el trabajo de inteligencia con la creación de este Archivo que se llamó Regional de Telecomunicaciones o simplemente La Regional o El Archivo y donde se analizaba la información de ciudadanos sospechosos y se elaboraban listas negras de personas que iban a ser eliminadas.

Un prestigiado historiador norteamericano, Greg Grandin, revela que John P. Longan estuvo involucrado en el entrenamiento de militares y policías guatemaltecos desde 1957. Grandin ha investigado también la brutalidad de la US Border Patrol, Patrulla de fronteras. Longan fue, antes de salir a trabajar al exterior, un agente de la misma. En un artículo sobre la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de la mencionada Patrulla en 2019, Jakelin Caal Maquín y Felipe Gómez Alonzo, ambos de ocho años, Grandin se retrotrae a las épocas de Longan y sus prácticas y “capacitaciones”.

Los jefes militares del Archivo jugaron un papel siniestro en la realización de redadas para capturar y desaparecer personas. El primero de esas tétricas figuras es el coronel Máximo Zepeda, al cual se le puede vincular, siguiendo las pistas que brindan los archivos desclasificados de la CIA, con el caso llamado “De los 28”. En realidad fueron 35 personas capturadas y tiradas después al mar dentro de lo que Longan llamó “Operación Limpieza”. Una década más tarde Zepeda, ya general retirado, murió acribillado por un grupo guerrillero. 

El sucesor en El Archivo, cuando Zepeda marchó premiado a España como agregado militar, fue el teniente coronel Elías Osmundo Ramírez Cervantes cuyo perfil se encuentra en los archivos desclasificados de la CIA. Ramírez estuvo a cargo, durante el período del presidente Carlos Arana Osorio, dirigiendo las operaciones. Fue disciplinado alumno de cursos de contrainsurgencia en Estados Unidos, entre otros en Fort Holabird.

En un documento desclasificado de la CIA se analiza críticamente el trabajo de inteligencia militar en la Guatemala de los setenta. El coronel Ramírez Cervantes es presentado como muy cercano al presidente Arana, incluso con algún grado de parentesco. Ramírez, revela el documento, recibía un pago extra de parte del Ejecutivo. También se le señala como violento e irresponsable y con pasos en la criminalidad. El coronel Ramírez, se lee en el informe, siempre asesina a los prisioneros que interroga. Asimismo se señala la corrupción y se da el ejemplo de US$10 mil que Ramírez se embolsó aduciendo una operación de contrainsurgencia. La CIA toca el tema de oficiales guatemaltecos de la contrainsurgencia que capturan y luego “asesinan a gente inocente”. Lo más impactante del informe es que el mismo presidente Arana elaboraba listas negras de personas para pasárselas al coronel Ramírez Cervantes.

Dentro de la nómina de los oficiales que dirigieron El Archivo está también el coronel Byron Disrael Lima Estrada, subjefe en 1977 y promovido en 1983 a director de la Dirección de Inteligencia del Ejército D2. El nombre del coronel Lima se hizo conocido cuando fue condenado a 20 años de prisión por su involucramiento en el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998. 

En definitiva, la negación de parte de autoridades militares y del Estado guatemalteco de la existencia de escuadrones de la muerte dentro de las estructuras de las fuerzas de seguridad, tuvo una refutación inapelable con la desclasificación de los archivos secretos de la CIA y otras dependencias de Estados Unidos. 

Y el silencio sepulcral que denunció Kapuscinski en 1970 vino a romperse con el informe de Amnistía en 1981, y con investigaciones de otras organizaciones sobre las violaciones de los derechos humanos por el Estado guatemalteco. Ya a mediados de los ochenta no había dudas sobre desapariciones y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en sus operaciones para controlar a los insurgentes y a todo ciudadano que dentro de la llamada “Doctrina de seguridad nacional” se percibiera como opositor. 

El general Lucas García murió el 27 de mayo de 2006 en Venezuela a causa de Alzhéimer, había ya perdido por completo la memoria. Una corte española pidió su extradición por los delitos de tortura y genocidio, pero fue denegado por un tribunal venezolano debido a su estado de salud.

¿Qué pasó con el coronel Osmundo Ramírez? Según una nota de prensa fue asesinado el 21 de abril de 1976 en la colonia ViviBien a las 7:35. No se percató que los lustradores que se le acercaban no tenían manchas en las manos, de betún, porque eran en realidad guerrilleros del EGP. Ejecución extrajudicial del que había hecho tantas.

El embajador Gordon Mein fue ultimado por un comando guerrillero que trató de secuestrarlo en agosto de 1968.

John P. Longan murió de causas naturales en 1989 en Arkansas. En sus memorias cuenta la celebración de su cumpleaños en Guatemala y el susto con los cohetes en su honor. Afirma que los guatemaltecos son “gente cortés y considerada”.

Miguel Ángel Asturias presenta los ojos abiertos de los enterrados, esperando la justicia para poder cerrarlos.

Ya a mediados de los ochenta no había dudas sobre desapariciones y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en sus operaciones para controlar a los insurgentes y a todo ciudadano que dentro de la llamada “Doctrina de seguridad nacional” se percibiera como opositor. 

Fuente: [elperiodico.com.gt]

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