Terrorismo y “tribunal ciudadano” en Guatemala. Juan Carlos Vázquez Medeles

 Terrorismo y “tribunal ciudadano” en Guatemala. Juan Carlos Vázquez Medeles

El 19 de marzo pasado inició el juicio por delitos de Genocidio y deberes contra la humanidad en contra de los exgenerales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, el primero desempeñó el cargo de Presidente de la República del 23 marzo de 1982 hasta que fue derrocado el 8 de agosto de 1983 por su Ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores; el segundo, ocupó el cargo de Director de la Inteligencia Militar conocida como G-2, bajo las órdenes de Ríos Montt.

Un día antes de que iniciará el juicio, se publicó un campo pagado con el título de: “El secuestro de la procuraduría de Derechos Humanos” a nombre de la Fundación contra el terrorismo y firmado por su presidente, Ricardo Méndez-Ruíz Valdez, secuestrado el 23 de febrero de 1982 y quién inició una querella contra 26 guerrilleros el 2 de noviembre de 2011. Este documento se presentaba como antesala al juicio, acompañado de la imagen proyecta una sociedad civil vigilante que ejerce su derecho a la libertad de expresión y se convierte en cuña para presionar en las decisiones institucionales.

Durante el juicio, mientras aproximadamente un centenar de ixiles testifican el terror de lo vívido, la muerte, la violación, el hambre y la desaparición paulatina de su cultura; un pasquín sale a la luz pública, se intitula: “La Farsa del genocidio en Guatemala. Conspiración marxista desde la iglesia católica”, lo prosiguen dos publicaciones más, llega a mis manos y me hace recordar los grupos paramilitares que permanecieron vigentes durante la guerra: la Mano Blanca, Ejército Secreto Anticomunista, Consejo Anticomunista de Guatemala, Mujeres Anticomunistas de Guatemala, Organización de Asociaciones contra el Comunismo, El Buitre Justiciero, y tantos otros.

Todos, con vinculación directa a jefes policíacos o militares, a Partidos Políticos como el Movimiento de Liberación Nacional dirigido por Mario Sandoval Alarcón quién se ufanaba de ser el Partido de la Violencia Organizada. Me queda claro que esto NO es opinión pública, es un “tribunal ciudadano” que criminaliza, que culpabiliza y sentencia a los “terroristsas”.

¿A qué se debe esta sentencia?

La historia contemporánea de Guatemala ha sido llenada con eventos que parecerían gritos de desesperación. Basta regresarse casi 60 años para recordar la intervención estadounidense en defensa de los intereses económicos y de los valores democráticos que la Guerra Fría promovía.

La caída de Jacobo Árbenz Guzmán (1954) a manos de mercenarios patrocinados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que prepararon una invasión encabezada por el Coronel Carlos Castillo Armas —y la complicidad de los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana; Anastasio Somoza García de Nicaragua; Juan Manuel Gálvez de Honduras; y Marcos Pérez Jiménez de Venezuela—. Todos ellos hechos históricos que ponen al descubierto la capacidad y decisión de frenar los procesos políticos que obstaculizaran la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano.

A lo largo del siglo XX, sucedieron muchas cosas más, el anticomunismo se instauró en las administraciones presidenciales del pequeño país centroamericano, el proceso revolucionario optó por la lucha armada en la década de los sesenta, la militarización de las instituciones fortaleció la lucha contrainsurgente que arrojó un número de muertos y desaparecidos de un cuarto de millón. Bajo ese escenario de guerra, de golpes de Estado, de elecciones fraudulentas, de estados de sitio y de represión gubernamental, los militares se mantuvieron en el poder.

Para los años ochenta la violencia se acrecentó considerablemente, se tomó la embajada de España y la respuesta fue la eliminación de sus ocupantes, guatemaltecos y extranjeros. Si este evento no fuera suficiente, baste entonces consultar la publicación del libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en el que la autora puso énfasis en las poblaciones indígenas y la represión que sufrían, a la par de la brutal estrategia de supresión étnica y “antiterrorista” del Estado.

Es justo esta histórica política de Estado, la que desembocó en el genocidio que aún hoy continúa siendo negado, ellos aseguran que las 1771 muertes responden a la Razón de Estado, argumentan que eran necesarias para terminar con el terrorismo, mismo que aún continúa vigente en Guatemala y clama por justicia e gualdad.

Aún así, el veredicto final, la sentencia de 80 años a Efraín Ríos Montt es leída por el poder como un atentado a la democratización y la paz en Guatemala. Así, la Fundación contra el terrorismo, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, justifican lo injustificable, niegan lo innegable, ante el miedo y la incapacidad de controlar el deseo popular guatemalteco.

Intentan desesperadamente desviar la atención internacional otorgando la Orden de Quetzal de manos del presidente a ese mismo que se tambalea porque su nombre resuena en la sala del tribunal ante su pasado Kaibil, es Tito Arias vestido con corbata. Y es Arjona, ese que le canta a las señoras de las cuatro décadas y al caudillo, quien ahora se sorprende porque “Hay manifestación frente al palacio de gobierno, el tipo en el balcón presidencial se le parece a aquel muchacho”.

Sin embargo, el interés, el seguimiento, la presión nacional e internacional y la información respecto a lo que se interpreta como el juicio histórico contra los exgenerales deben ser permanentes y reflexivos, aún no se ha dicho la última palabra y la sanción denegada por el poder político guatemalteco puede ser influenciada por el Nuevo Tribunal Antiterrorista de Guatemala.

Para comprender a mayor profundidad la situación que describo párrafos arriba, se les invita a la proyección del documenal Granito de Arena el próximo miércoles 22 de mayo a las 16 hrs. en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y El Caribe en la Torre II de Humanidades de la UNAM.

Artículo original publicado aquí.