La posesión para el consumo de marihuana en Guatemala
Rolando Enrique Rosales Murga
La posesión para el consumo en Guatemala tiene una penalidad de dos meses a dos años sin goce de medida sustitutiva. A pesar de que la OEA le pidió al país despenalizar la posesión el gobierno ha respondido con campañas extremistas. Uno de los problemas más grandes es la corrupción de los policías, quienes le ponen marihuana a las personas que registran. Incluso a menores. Hay denuncias de menores que han sido violadas y luego les han puesto marihuana y las llevan presas y el día que salen las vuelven a capturar, violar y poner droga. Todos los delitos del Código Penal cuya pena no excede de cinco años gozan de medida sustitutiva, menos los que se encuentran contemplados en la Ley contra la Narcoactividad. Al redactar está petición corro el riesgo de meterme a problemas pero es necesario. A una persona se le procesa por un puro de diez quetzales. Los agentes lo pasan con el secretario del Juzgado de Paz, quien le toma declaración y lo pasa con el Juez de Paz, quien le vuelve a tomar declaración, para pasarlo con el Juez de Primera Instancia, quién resuelve dejar a la persona en prisión preventiva, otro resabio del sistema inquisitivo que consiste en dejar a la persona presa aunque no hayan pruebas en su contra, a fin de efectuar una investigacion para encontrarle delito, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. La persona va a dar a la cárcel junto a presos de alta peligrosidad por este delito de bagatela, se le adjudica un abogado de oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal, quienes hacen que la estadía de la persona sea lo más larga posible.
Envían la marihuana a un laboratorio de análisis, donde según la calidad del producto procesan a la persona. El Estado le provee tres tiempos de comida a veintidós quetzales cada uno diariamente. El día en la cárcel está valorado en unos cincuenta quetzales. En tres meses la persona habrá gastado unos trece mil quetzales y el Estado en el proceso por un delito de diez quetzales se gasta cincuenta y cuatro mil quetzales. El sistema judicial se entrampa, pues les encanta mantener las cárceles llenas, hacinadas de personas que cometieron delitos de poca monta. Esto a todas luces viola el principio de oportunidad, que establece que los delitos serán perseguidos por el Ministerio Público según la cuantía y si es poco lo que vale no se persigue. Las agencias fiscales del Ministerio Público son las que se oponen a la despenalización junto con grupos religiosos fundamentalistas. En procesos por este delito el Estado de Guatemala gasta noventa millones de quetzales al año. Sí a la persona le va bien pasa tres meses en la cárcel, luego de los cuales se le aplica una medida desjudicializadora llamada criterio de oportunidad, que consiste en ir a barrer parques o iglesias o efectuar exhumaciones gratis para el Ministerio Público, o efectuarse exámenes de sangre en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses durante un año. Son entre veinte y cuarenta millones de dólares los que produce la marihuana al año al hampa. Este dinero en manos del Estado ayudaría a hacer obras. Hace algunos años en Estados Unidos se le quitó la medida sustiva a la posesión para el consumo de estupefacientes con resultados catastróficos, ya que las personas a veces esperan que pase la investigación y luego los condenan, pero no computan el tiempo de la investigación como tiempo en la cárcel. La prohibición de la marihuana en Estados Unidos tenía tintes racistas, decían que los latinos éramos delincuentes porque la droga nos volvía locos. Películas como Reefer madness dieron la pauta de que el cannabis producía locura, lo cual se ha superado con el descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno y la Anandamida, la marihuana que produce el cuerpo de forma natural. Ninguna planta recupera los suelos y purifica el ambiente como la cannabis sativa. Hay muchos estudios que demuestran su efectividad. En Guatemala si alguien fuma marihuana es estigmatizado, difamado, no le dan trabajo. Si una persona va manejando y choca es circunstancia agravante andar bajo el efecto del cannabis, cuando está demostrado que mejora las capacidades motrices. Una guerra estúpida que ha costado millones de dólares y vidas. Las personas confunden a los consumidores con mareros y los matan. Si alguien comete un delito grave la gente dice que de seguro andaba bajo efectos de marihuana, aunque no sea así. Hay una victimización masiva de los consumidores, a quienes se les culpa por diversas cosas. El Instituto de la Defensa Pública Penal ha pedido la despenalización por el alto coste de la persecución penal del mismo. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Incluso las Naciones Unidas han recomendado despenalizar pero el gobierno se muestra reticente. A su vez la crisis hospitalaria se podría paliar con medicamentos elaborados a base de cannabis. La legalización traerá dignificación de la persona, evitará abusos policiales, desentrampará el sistema jurídico, ahorrará en persecución penal, constituirá un ingreso para el Estado y romperá con los mitos.
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