El bono militar no debe quedar impune

Ricardo Barrientos

El bono ilegal e ilegítimo que el Ejército le entregó a Jimmy Morales es un insulto a Guatemala y debe ser castigado conforme a la ley.

El bono que escandalizó a Guatemala constituye una ofensa y un insulto muy grave a la pobreza que sufren más de la mitad de la población y cuatro de cada cinco indígenas rurales; al esfuerzo de la clase trabajadora, que en su mayoría recibe salarios demasiado bajos y que no alcanzan para pagar el costo de la canasta básica; al esfuerzo de los empresarios honestos, que sí pagan los impuestos que la ley manda y que pagan a sus trabajadores salarios justos y las prestaciones laborales ordenadas por la ley; al esfuerzo de quienes (mujeres la gran mayoría) trabajan en el hogar o se dedican a cuidar a los hijos, que, aunque invisibles a las estadísticas, con su agotamiento al final del día evidencian cuán ajeno les es el ocio, y al esfuerzo de servidores y funcionarios públicos que, contra corriente, hacen su trabajo con dedicación y compromiso, bien sabidos de que su salario proviene de los impuestos, solo para mencionar algunos.

Tienen que ser muy pocos, una minoría insignificante de guatemaltecos, los que no se sientan enojados con que Jimmy Morales, uno de los presidentes del hemisferio occidental mejor pagados, si no el mejor pagado (Donald Trump no cuenta porque él sí cumplió lo de renunciar a su salario), haya tenido la desfachatez criminal de aceptar Q450 000 en nueve pagos mensuales consecutivos de Q50 000, adicionales a su salario normal de Q146 950, lo que constituyó un aumento de 34 %. ¿Cuántos trabajadores o empresarios pueden incrementar en 34 % su salario o sus utilidades? ¿Será que Q146 950 mensuales es ya un salario suficientemente alto como para cubrir las responsabilidades y los riesgos (la supuesta justificación para el desdichado bono extraordinario) que el presidente de la república debe asumir?

El consenso general es que es completamente ilegítimo. Pero ¿es ilegal? Sin duda, por lo que su castigo debería aplicarse sin mucho barullo ni duda. Por un lado, el secretismo y la falta de transparencia con los que se manejó dicho bono violaron de forma evidente lo normado en la literal c del artículo 17 ter de la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual obliga a publicar «los documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares». Luego del escándalo que produjo la nota publicada el 12 de septiembre por la revista Nómada, en el Ministerio de la Defensa Nacional se apresuraron a publicar el acuerdo administrativo interno 10-2016¸ fechado el 1 de enero de 2016, el instrumento legal que supuestamente sustenta el sobresueldo. Sin embargo, harta sospecha levanta que sea el número 10, sin que se hayan publicado los 9 anteriores, y que en plena celebración de Año Nuevo la cartera de defensa estuviese produciendo acuerdos ministeriales. De verdad hay que ser o muy ingenuo o muy baboso para tragarse eso.

Además, ese bono extraordinario violó también, de forma evidente, lo normado en el artículo 9 del acuerdo gubernativo 283-2016, Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración (aprobado y firmado por el mismo Jimmy Morales y por Williams Mansilla, ministro de la Defensa Nacional, así como por el resto del consejo de ministros), en el que está normado que estos bonos solo pueden entregarse una vez al año, y no mensualmente. Estas y otras conforman una lista larga de ilegalidades que seguro deben ser sancionadas en el ramo administrativo y continuar siendo investigadas en el ramo penal.

Debemos lograr que Jimmy Morales y su gavilla de militares no queden impunes.

Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/content/el-bono-militar-no-debe-quedar-impune]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

José Ricardo Barrientos Quezada

José Ricardo Barrientos Quezada

Ricardo Barrientos es especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Durante el período 1994-2005 se desempeñó como director y asesor técnico en la Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal de ese mismo ministerio. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala. Realizó estudios de doctorado en Matemática en la Universidad de Barcelona, España, (2005-2006). Tiene un Certificado en Tributación Internacional de la Universidad de Harvard, Estados Unidos (2000). Es matemático en el grado de licenciado por la Universidad del Valle de Guatemala (1995).
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