Una mafia política perversa y criminal

Manuel Villacorta
manuelvillacorta@yahoo.com

Si Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, Dieter Nohlen, Robert Michael, Pasquino Gianfranco o Maurice Duverger —para citar tan sólo a varios de los más lúcidos científicos de la ciencia política contemporánea— estudiasen hoy cómo funcionó el sistema político guatemalteco, estarían obligados a reformular muchas de sus teorías. La tradicional relación de dependencia entre grandes financistas clandestinos y una clase política mercenaria dispuesta a expoliar los fondos públicos a cambio del enriquecimiento ilícito, en nuestro país se fue transformando hasta procrear un modelo perverso, que sin duda, deberá ser estudiado como un caso de patología político-social.

Los gobiernos de la UNE y el PP inauguraron una sucia forma de hacer política, que bien podría ser denominada “el círculo negro de la mafia y su operatividad en el poder”. Y su primer y más categórico carácter fue ya no solo extraer ilícitamente fondos públicos para el enriquecimiento de sus principales miembros, se cuidaron además de que parte de esos fondos, fuesen orientados a una especie de cuenta especial destinada a financiar la propaganda del partido en épocas electorales. Parte de ello fue categóricamente expuesto en el informe que CICIG presentó, denominado: “El Financiamiento de la Política en Guatemala”. En uno de sus apartados el documento referido expone: “Se constata que, en muchos casos, la capacidad para influir en las decisiones públicas —en distintas esferas de la administración del Estado— es directamente proporcional a los recursos que las personas y/o grupos de interés puedan movilizar. Esto abarca desde influir en políticas económicas —la definición de contingentes de importación o aranceles, por ejemplo— hasta procesos judiciales”. Pero en un momento dado la élite política de los citados partidos, especialmente durante la gestión de Partido Patriota, llegó a desmarcarse e independizarse de algunos de sus aportadores económicos tradicionales, financiando con fondos públicos su propia campaña, lo que les generó una mayor independencia y un mayor poder político. Conviene reiterar que ese capital para el financiamiento político se acumuló a través de acciones corruptas que hoy salen a luz. Un ejemplo categórico es como el ex ministro Sinibaldi solicita ilegalmente un porcentaje a una empresa constructora, y como una parte de ese monto debería —según explicó la FECI— ser dirigido a instituciones supuestamente académicas adeptas al proyecto del Partido Patriota. En este caso se señala directamente al MCN.

La clase política en el poder descubrió que podía acumular fondos púbicos no solo para sus propias cuentas personales, sino que podían utilizar esos recursos para una especie de “cuenta especial” dirigida a cubrir gastos de proselitismo, lo que les restaba dependencia de financistas tradicionales y acumular cada vez una mayor cuota de poder, lo que podría marcar una fase superior en el fenómeno de la corrupción. Producto de ello es evidente que se estén produciendo fracturas al interior de todos los actores que se involucraron ilegalmente en esos casos de corrupción, ya que han dejado se ser socios para convertirse en emplazantes o acusadores directos, como ocurre ahora, en varios procesos judiciales presentados por el MP. El caso más reciente se refiere a las declaraciones de José Luis Agüero emplazando directamente a Alejandro Sinibaldi e involucrando a Rodrigo Arenas, en una operación financiera que apunta a ser ilícita. Lo importante es que gracias a estas investigaciones, la vieja política perversa y corrupta se cae. Y esperemos que sea para siempre.

Fuente: [www.prensalibre.com]

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Manuel R. Villacorta O.

Manuel R. Villacorta O.

Doctor en Sociología Política. Universidad Pontificia de Salamanca, Summa Cum Laude. España. Licenciado en Ciencia Política. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Es autor de varios libros y publica una columna semanal en Siglo 21.
Manuel R. Villacorta O.