Un contralor sin control

Jaime Barrios Carrillo

Comencemos por recordar las funciones, según la legislación nacional, de la Contraloría General de Cuentas: “la Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública”.

Según esta definición, la Contraloría debería ser una garantía constitucional de la transparencia en el manejo de los dineros públicos. En otras palabras, una institución, por definición, anticorrupción.

El licenciado Carlos Enrique Mencos Morales es el contralor general de cuentas y lo ha sido desde el gobierno del hoy preso y acusado por corrupción general Otto Pérez Molina. Es decir, dirige una Contraloría que nunca percibió que pudiera haber una cooptación del Estado por las mafias. Tampoco que las aduanas eran una caldera enorme de corrupción (caso La Línea), ni que había tremenda corrupción en el IGSS, en Presidios, en el caso del lago de Amatitlán, etcétera.

Tuvo que venir la Cicig para descubrir e investigar las maquinarias de corrupción y saqueo del Estado. El contralor Mencos se dedicó durante el mandato de Pérez Molina (interrumpido por haber sido ligado a proceso por corrupción) a investigar exhaustivamente a Sandra Torres y sus programas sociales. Invirtieron miles de horas de trabajo investigativo para llegar a la conclusión de que solo había algunos homónimos. Campañas mediáticas y en redes sociales por medio de net centers instigaron a la estigmatización de los programas sociales. Mientras tanto el general Pérez y la vice Baldetti se dedicaban a hacer colosales negocios por medio de testaferros y otros métodos ilegales y mafiosos según consta en las acusaciones del Ministerio Público basadas en las investigaciones de la Cicig. De nuevo: ¿dónde estaba la Contraloría?

Ahora, con el descubrimiento de los bonos del ejército al presidente Jimmy Morales y a los más altos jefes militares se descubre un nuevo caso de escándalo, de manejos indebidos, de indudables formas y contenidos ilegales. Al contralor Mencos no le quedó otra, ante la evidencia de los cheques, que “reconocer” que los pagos sí se habían hecho. También que no estaban suficientemente sustentados dentro del correcto manejo administrativo. Las formas dudosas de los decretos y el apresuramiento del presidente Jimmy Morales en devolver el dinero refuerzan las sospechas. Devolver dinero del Estado con gran probabilidad de ser ingreso ilícito no termina el delito. Si un automovilista se pasa un semáforo en rojo no puede regresarse al rato para decir que ahora sí respetó las reglas de tránsito. Es como decir que un ladrón de bancos devuelve el dinero robado para que ya no haya delito.

De nuevo: ¿qué control tenía el contralor Mencos? ¿Dónde estuvo todo el tiempo? La Contraloría debería ser la principal aliada del Ministerio Publico y de la Cicig, y no una institución débil, dudosa y poco transparente.

La Contraloría ha declarado, ante la fuerza de las evidencias, que los bonos no son legales pero no se ha atrevido a anteponer una solicitud de investigación al Ministerio Público. No ha aclarado cómo considerar la devolución a toda prisa de Jimmy. ¿Dónde está la función de velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejan fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos? La única respuesta es que hemos tenido un contralor sin control.

Fuente: [http://gazeta.gt/un-contralor-sin-control/]

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