La justeza del juicio al presidente

Los últimos días han sido de tensión y de nerviosismo para el inquilino de Casa Presidencial. El pedido para retirarle el derecho de antejuicio y ponerlo a disposición de la justicia los ha puesto a temblar a él y a todos los que apuestan por que en Guatemala siga imperando la impunidad de los poderosos, aunque lo sean temporalmente.

Virgilio Álvarez Aragón

En el caso del asesinato de las 41 niñas, incineradas con lujo de desprecio e inhumanidad, el actual presidente de la república está repleto de responsabilidad. No es una cuestión personal, de gustos o disgustos, de derechas o izquierdas, de ricos contra pobres. Es una cuestión de justicia o impunidad. De objetividad, de responsabilidad.

Los diputados de Convergencia Sandra Morán y Leocadio Juracán asumieron la responsabilidad pública de la cual están investidos como representantes de sus electores. Es lamentable que hayan sido solo dos diputados. Deberían haber enderezado ese pedido todos los representantes de los ciudadanos, todos los padres de familia, todos los que con un poco de decencia en la cara quieren efectivamente un país diferente. Morán y Juracán representan en esta acción la esperanza por un futuro de justicia y responsabilidad.

Los gobernantes no pueden actuar irresponsablemente, recibir los emolumentos y las granjerías del cargo, sin asumir las responsabilidades del puesto. El presidente Morales recibió informaciones y, en consecuencia, tomó decisiones que concluyeron en la muerte violenta de todas esas niñas, que además estaban bajo su cuidado.

A Jimmy Morales le cupo la mala suerte de ser elegido presidente sin entender casi nada sobre derechos humanos, honestidad y dignidad. Morales era, hasta antes de su elección como presidente, un mediocre profesional de la actuación, pero como tal había hecho cierta fama y fortuna. Como muchos de los guatemaltecos educados bajo los postulados del conservadurismo neoliberal, Morales profesa el ideario del autoritarismo, del desprecio a los pobres, de considerar que en el sálvese quien pueda no hay respeto por las personas y que las leyes están hechas para ser burladas.

Pero, si esas creencias pueden ser defendidas y hasta practicadas por un ciudadano común, eso no es posible cuando se tiene la responsabilidad de dirigir un país que, aunque mayoritariamente conservador, vive la coyuntura en la que, por primera vez en 60 años, la justicia puede que sea un derecho de todos.

Las 41 niñas murieron como consecuencia de la irresponsabilidad de las autoridades de gobierno. Pero no solo ello. El presidente, como lo hemos venido planteando, estuvo enterado de todo y, en consecuencia, consintió en esa ilegal detención que condujo a la incineración de las adolescentes.

Cierto. Como dicen los defensores de oficio del presidente, él no ordenó que se produjera el incendio ni prohibió que se quitara el candado, pero, desde el momento en que fue informado de que a las niñas se las había encerrado amontonadas en una pequeña habitación, es responsable directo del crimen. No ordenó la puesta del candado, pero, como máxima autoridad del país, al recibir la información del encierro de las víctimas, se hizo no solo cómplice, sino también responsable de detención ilegal, delito que resulta agravado cuando se transformó en muerte.

Al presentar su demanda, los diputados Morán y Juracán asumieron la representación de todos los ciudadanos que consideran que el presidente no solo no utilizó su poder para evitar el encierro de las niñas, sino que, al recoger información de un policía, subordinado de uno de sus subordinados, asumió toda la responsabilidad de lo que sucedía y podía suceder.

No era a cualquier persona a quien este policía transmitía la información. Era al jefe máximo del Ejecutivo, el superior de sus superiores. No hizo un comentario en una cantina o en un comedor. No se lo hizo saber a alguien sin autoridad. Se lo informó a alguien que en ese momento tenía la responsabilidad de considerar lo que era legal y legítimo y lo que no lo era, lo que conllevaba riesgos y lo que no. Morales recibió la información con la formalidad de quien manda y por ello mismo se hizo responsable en ese momento de todo lo actuado.

Si las niñas no hubiesen muerto, de todas maneras él habría sido responsable de los crímenes cometidos contra ellas. La muerte de las adolescentes potencia aún más su responsabilidad.

Es en ese intento de aparecer y de hacerse notar sin conocer los asuntos donde las acciones del presidente Morales lo convierten en criminal. Su reciente entrevista con Jorge Ramos da la pauta de la manera como él entiende los valores y las responsabilidades. Todos podríamos estar enterados de que a las niñas se las había encerrado, pero ningún ciudadano, más que él, el ministro de gobernación y el jefe de la Policía Nacional Civil, tenía el poder de decirles a los comisionados que esa acción era ilegal y delictuosa, por lo que de inmediato debía ser suspendida. No hacerlo al tener conocimiento de causa es lo que lo hace responsable de esas dolorosas y violentas muertes.

Hasta ahora, el Ministerio Público había dado palos de ciego intentando inculpar a quienes, si bien pueden tener alguna responsabilidad en la situación que a diario vivían esas niñas, no son responsables directos de su violenta muerte. Pero la acción presentada por los diputados Morán y Juracán no les dejó escapatoria. Habría sido demasiado notoria su complicidad si hubiesen negado el trámite a esa acción. El proceder de los diputados abre las puertas para que la justicia sea practicada en toda su extensión.

Sin embargo, y considerando el comportamiento relativamente timorato de algunas salas, bien puede suceder que, a pesar de las evidencias, entre las que se cuenta la respuesta clara que el presidente da al entrevistador de CNN la noche siguiente del crimen, el pedido de retiro de antejuicio no prospere.

Si, como es de esperar, los órganos jurisdiccionales dan lugar a la demanda, Morales aún tiene el apoyo y la cobertura de su bancada, esa que con todo cinismo ha hecho crecer para que lo proteja en momentos como este.

Se necesitará que los diputados honestos y decentes convenzan a los que no lo son mucho de que Jimmy Morales sea llevado ante los tribunales y juzgado por la muerte de 41 niñas guatemaltecas a las que él, con su irresponsable proceder, condenó a muerte.

La lucha contra la impunidad apenas empieza. Es de esperar que el juicio de estas muertes nos ofrezca la esperanza de una sociedad donde la impunidad de los poderosos sea simplemente referencia del pasado.

Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/content/la-justeza-del-juicio-al-presidente]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Virgilio Álvarez Aragón

Virgilio Álvarez Aragón

Doctor en sociología, formado en la Universidad de Brasilia. Ha sido docente universitario en Guatemala, México y Brasil. Interesado por los temas educativos, ha investigado sobre la política educativa y el magisterio, pero también sobre la democracia y sus riesgos en las sociedades post conflictos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran “Conventos Aulas y Trincheras, Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala” (dos tomos, segunda edición 2013) y “La revolución que nunca fue: un ensayo de interpretación de las jornadas cívicas de 2015”. Publica sus opiniones en Siglo 21 y Plaza Pública
Virgilio Álvarez Aragón