Consideraciones sobre la situación actual de Guatemala

Grupo de los Cuatro

El Grupo de los Cuatro, integrado por el Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala, el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, observa con preocupación la situación por la que atraviesa Guatemala. Este documento recoge las principales consideraciones sobre esta situación.

Sentimos que Guatemala ha ingresado a un periodo de acelerada descomposición en distintas manifestaciones de la vida ciudadana, incluyendo la moral y los valores de convivencia. Esa descomposición, se manifiesta también en la ruina de la política, de la legalidad y en el extravío de la misión de las instituciones públicas. Las relaciones sociopolíticas que se construyen desde el Estado y que sirven de referencia a la sociedad entera, son mediadas casi exclusivamente por el patrimonialismo, el clientelismo y la corrupción.

Adicionalmente, se ha exacerbado la crisis social como consecuencia de la precariedad del empleo, el bloqueo de pequeñas y medianas empresas, pero que representarían múltiples inversiones productivas de amplio beneficio a la población, y las débiles políticas de salud, educación, vivienda y nutrición.

Se observa la huida de talentos jóvenes en todos los estratos de la sociedad y en prácticamente todo el territorio nacional; jóvenes que ya no encuentran futuro en Guatemala. La pérdida del talento humano y la degradación forzada de los valores de convivencia son el indicador definitivo de un país que desciende al caos, como ha ocurrido en algunos países de África y del Caribe.

Ese conjunto de problemas nos acerca riesgosamente a una condición de disolución social, por la pérdida de la autoridad legítima materializada en el Estado. A juicio del G4 el primer paso para superar el estadio actual es reconocer la existencia de una crisis profunda y generalizada, identificar su naturaleza y manifestaciones múltiples.

Es una crisis:
• De la institucionalidad pública, de su funcionalidad, de su credibilidad y de incapacidad para el cumplimiento de sus mandatos constitucionales.
• De valores y moralidad públicas, gravementelesionadas por inequívocas señales de, tráfico de influencias y utilización de la institucionalidad estatal para el enriquecimiento ilícito.
• De falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
• Del compromiso ciudadano con la hacienda pública, traducida en una crisis fiscal sin precedentes, como consecuencia del deterioro de la institucionalidad y la confianza públicas, arriba mencionadas.
• Del régimen político, caracterizado por la captura de instituciones de amplia intermediación y representación social, por parte de intereses particulares pecuniarios, con la consecuente fragilidad ideológica, programática y organizativa de la mayoría de partidos políticos, convertidos en meras herramientas de acción electoral.

Nos parece evidente, como a muchos ciudadanos, que el pacto constitucional de 1985 se encuentra en una fase terminal de deterioro, que ya agotó sus posibilidades reales de organizar la convivencia social democrática de las y los guatemaltecos, porque gran parte de su contenido se ha convertido en letra muerta o en objeto de escamoteo, burla o interpretación antojadiza, acomodada a intereses particulares por encima del interés común.

La legalidad, el respeto al espíritu y la letra de las leyes de la República, están gravemente lesionados.

La cultura de la impunidad y de burla a las normas de convivencia se haya preocupantemente extendida, a tal punto que se han dilatado o difuminado las fronteras de la tolerancia a lo ilícito, a lo ilegítimo: se sabe y se comenta de la corrupción, del tráfico de influencias y del enriquecimiento ilícito pero a estos males se les deja pasar, se les otorga espacio de existencia y multiplicación como algo “normal”.

Las distintas elites, llamadas a marcar las pautas de comportamiento en la sociedad y a trazar el horizonte de una nación en paz, con bienestar y seguridad para todos los guatemaltecos, no están asumiendo su responsabilidad histórica.

Antes bien, son el mal ejemplo de la ciudadanía con menos poder, al anteponer egoístamente sus intereses personales y de grupo de muy corto alcance, y al emplear perversos métodos de ejercicio del poder que riñen con los principios de dignidad, respeto, tolerancia y el libre juego de ideas.

Mientras siga fluyendo dinero de las remesas familiares y de la economía del delito habrá consumo, es decir, habrá negocios, pero no inversión sana ni empleo digno y estable, ni futuro decente.

Entretanto, los problemas estructurales del país siguen sin ser abordados con un sentido estratégico de superación.

En el mejor de los casos se los administra mediante acciones paliativas, supeditadas muchas de ellas a cálculos clientelares de corto plazo. El resultado es la pervivencia de un país marcado por la pobreza, el hambre, la desnutrición, el desempleo encubierto por la llamada economía informal, los empleos precarios e inseguros, los bajos salarios y la grave desprotección de los derechos laborales.

Estas condiciones socioeconómicas empujaron a casi dos millones de connacionales a emigrar hacia países del norte continental, lo siguen haciendo por millares todos los meses, en las peores condiciones y corriendo los mayores riesgos, especialmente para los menores y las mujeres.

La inseguridad, la violencia, los homicidios, las extorsiones, las agresiones sexuales siguen siendo parte de una realidad cotidiana alterada, que alejó a Guatemala de las aspiraciones de paz y tranquilidad que se esperaban de la finalización del conflicto armado interno. Hoy mueren en forma violenta más personas que durante los años de la guerra fratricida.

Motivo de particular preocupación es la persistencia de un país en el que una parte fundamental de su población sigue siendo víctima de exclusión, discriminación y desatención. Los peores indicadores socioeconómicos siguen concentrándose en las áreas pobladas mayoritariamente por los pueblos y las comunidades indígenas.

Gran parte de las tensiones sociales se concentran también en esas áreas, a causa de la reticencia del aparato estatal en su conjunto a reconocer y adecuarse a la realidad multiétnica, pluricultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca; a causa de la indiferencia ante sus formas de organización y prácticas ancestrales, y la negativa a admitir su derecho a ser consultados sobre las modalidades de las actividades económicas, el uso de los recursos naturales y el destino de territorios que habitan ancestralmente.

El continuado debilitamiento de la institucionalidad pública y la corrupción, especialmente en aquellas del ámbito de seguridad, han facilitado la transformación del territorio nacional en un lugar predilecto del crimen organizado transnacional.

Guatemala se encuentra en medio de la vorágine de la geopolítica del crimen, con su cauda de narcoactividad, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y otros ilícitos, a tal punto que constituye un foco de preocupación de la comunidad internacional y en especial de aquellos países que consideran amenazada su propia seguridad a causa de la fragilidad del Estado guatemalteco.

Estas son realidades que debemos reconocer sin temor, como condición para enfrentarlas unidos y con valentía. Negarse a ello es el mejor camino para que el país se siga deslizando por la pendiente de la crisis. Estamos convencidos que Guatemala tiene salvación y puede superar esta difícil etapa, quizá la más compleja y desafiante en casi 200 años de vida republicana.

Pero esas salidas no son automáticas ni ocurrirán si no hay voluntad de cambio.

Implican un compromiso serio y un sentido de lealtad al país y la sociedad a los cuales nos debemos; una lealtad que debe provenir, en primer lugar, de las elites que por su poder, bienestar, influencia y conocimiento, están llamadas a conducir a la nación.

Esas elites deben entender que su presente y su futuro están indisolublemente atadas al destino del pueblo, sobre todo de los grandes contingentes de población que sobreviven precariamente, sin oportunidades de salud, educación, abrigo, techo y alimentos.

De manera especial queremos llamar la atención sobre los pueblos indígenas, pues su participación plena es condición imprescindible para levantar a Guatemala. Esos pueblos no son el problema, como se les ha querido ver, son la clave de la solución.

Los integrantes del G4 estamos convencidos que estas realidades deben discutirse abiertamente y que todos los actores de la vida nacional, especialmente los más altos niveles del gobierno y del Estado, debemos asumir la responsabilidad y el compromiso que nos corresponde para enmendar el rumbo.

Guatemala es un país bendecido por Dios y no podemos perderlo. Hacemos un vehemente llamado a todo el liderazgo nacional y al pueblo en general a asumir la responsabilidad de rescatar nuestra nación adoptando compromisos ciertos que antepongan el interés general al particular.

Las elecciones del próximo año serán, quizás, una de las últimas oportunidades para cambiar este estado de cosas de una forma pacífica y civilizada. Estas no serán elecciones normales, pues los tiempos que vive Guatemala son anormales. La ciudadanía espera propuestas serias de gobierno y acuerdos entre todas las fuerzas para comenzar a salir del atolladero.

Por grandes o pequeños que seamos, y sin importar nuestra religión, creencias, oficios y condición, todos tenemos una tarea y un compromiso que cumplir en esta hora crítica de la patria. Es el momento de asumirlos con vehemencia, convicción y fe.

Guatemala, 20 de noviembre de 2014

Monseñor Oscar Julio Vian
Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala

M.A. Jorge E. de León
Procurador de los Derechos Humanos

Reverendo César Vásquez
Presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala

Dr. Carlos Alvarado Cerezo
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Email: g4guatemala@yahoo.com