¿Lucha contra la corrupción o contra la injusticia?

Marcelo Colussi
mmcolussi@gmail.com
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Desde el año pasado vivimos un clima novedoso en términos políticos: pareciera haberse desatado una gran cruzada contra la corrupción.

En sí mismo esa pudiera parecer una gran noticia: una sociedad que arrastra una pesada carga de corrupción e impunidad está comenzando a intentar desembarazarse de ese lastre. Encomiable, sin dudas. Ahora bien: ¿hay algo más detrás de esta lucha? ¿Nos quedamos solamente con lo que muestran los medios comerciales?

Si ahí detuviéramos el análisis, podríamos quedarnos con la sensación de estar en un país que está buscando transparentarse, que está intentando construir una nueva cultura política. Pero si profundizamos ese análisis podremos ver que hay algo más que ese desbordante espíritu democrático y anticorrupción que pareciera haber surgido de buenas a primeras.

Más aún: la forma en que la prensa comercial y buena parte de la derecha política se han apropiado del tema –embajada estadounidense mediante– no deja de ser llamativa. ¿Está cambiando realmente Guatemala? ¿En qué está cambiando? ¿Se trata de una buena estrategia de mercadeo? ¿Quién se beneficia finalmente con todo esto?

Tomando la última pregunta, la respuesta se complica: ¿es efectivamente la población guatemalteca la que gana con todo esto? La primera reacción sería decir que sí. Según esa lógica, ahora el Estado –al menos supuestamente, según la insistente prédica mediática– dispondría de más recursos (los que no se roban) para dedicarse a atender los grandes problemas nacionales. Pero vemos que, al menos en principio, la cosa no es así.

Pongamos un simple ejemplo: con la Ley de extinción de dominio el Estado comenzó a recuperar bienes mal habidos, para el caso, una finca producto de la narcoactividad. En ese terreno recuperado se construyeron las viviendas que ocuparía la población damnificada por el desastre del Cambray II. Sin embargo la constatación de los hechos nos muestra que esa gente, varios meses después de la catástrofe de marras, aún no ha recibido nada. Y todo indica que pueden venir (¿van a venir?) nuevos Cambray, producto de la vulnerabilidad social histórica que sigue primando. Con menos corrupción, si es que efectivamente la hubiera, ¿no habrías más Cambrayes en el país?

Ahí está el verdadero núcleo del problema: ¿hay urbanizaciones precarias y población excluida solamente porque los funcionarios públicos –muchos, quizá todos, no se sabe bien– se quedan con los vueltos? Esa es la falacia en juego. La sociedad guatemalteca, que tiene un crecimiento económico interanual de entre un 2 y un 3% sostenido desde hace años, que representa el primer producto interno bruto de la región centroamericana, ¿tiene esos niveles de pobreza por la corrupción de los “políticos profesionales” que facturan doble, o porque la oligarquía se queda con la mayor parte del pastel? El 59% de su población bajo el límite de la pobreza, la exclusión histórica de las grandes mayorías y un salario base que apenas cubre la mitad de la canasta básica (teniendo en cuenta que el 75% de los trabajadores ni siquiera cobra eso) ¿se debe a la corruptela de los altos funcionarios del Estado?

Valga decir que el Estado guatemalteco se queda con apenas un 10% de toda la riqueza generada en el país (es decir: esa es su carga fiscal, la segunda más baja en Latinoamérica, Dicho de otro modo: la clase acomodada es la que más impuestos evade. En el Norte los Estados recaudan hasta un 60% del PBI). ¿Quién se queda con la mayor parte de esa riqueza: los funcionarios corruptos, o la oligarquía?

Luchar contra la corrupción, tal como ahora parece haberse ¿puesto de moda?, es algo “políticamente correcto”. Encomiable incluso. Pero tiene el inconveniente de no servir realmente para modificar la estructura de base. En la actualidad se ha establecido en la agenda política del país (¡no lo estableció la población protestando en la calle!, lo establecieron los medios de comunicación) una lucha frontal contra la corrupción. No paramos de repetir eso como una nueva actitud. ¿Cuánto se pierde anualmente con ella? ¿Alguien dispone de ese dato? “Los políticos se roban todo”, no es infrecuente escuchar. ¿Qué porcentaje real queda en los bolsillos de la burocracia de Estado? ¿Es esa la verdadera causa de la pobreza histórica de Guatemala?

¡Cuidado con los espejitos de colores!

El 59% de su población bajo el límite de la pobreza, la exclusión histórica de las grandes mayorías y un salario base que apenas cubre la mitad de la canasta básica (teniendo en cuenta que el 75% de los trabajadores ni siquiera cobra eso) ¿se debe a la corruptela de los altos funcionarios del Estado?

Nota: Material aparecido originalmente en la revista digital Plaza Pública el 13/6/16.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Marcelo Colussi

Marcelo Colussi

Rosario, Argentina. 1956. Estudió Psicología y Filosofía en su país natal. Vivió en varios países latinoamericanos (Nicaragua, El Salvador, Venezuela), y desde hace 20 años radica en Guatemala. Investigador social, psicoanalisita y escritor.
Marcelo Colussi