Buscando paz en la impunidad (IV)

El aterrorizar y acabar con el “otro”, el indio y comunista o una combinación de ambos, se volvió política de Estado.

María Aguilar

El 19 de julio de 1954, mediante el Decreto 23, la Junta de Gobierno creó el Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo. El Comité se convirtió en un ente legal pero también político, encargado de investigar, controlar, monitorear, denunciar y perseguir actividades comunistas, convirtiéndose en lo que Carlos Guzmán Böckler llamó, una versión coetánea de la inquisición, teniendo jurisdicción sobre la misma Policía Nacional.

Posteriormente, se aprobó la Ley Preventiva Penal Contra el Comunismo, la cual expandió las facultades y poderes del Comité de Defensa contra el Comunismo. Esta ley le otorgaba al Comité la posibilidad de crear un registro de personas que hubieran participado en actividades comunistas “agregándose que el hecho de figurar en dicho registro constituiría grave presunción de peligrosidad contra la persona incluida” (Kramer, 1993). A este registro fueron agregados los nombres de gran cantidad de mujeres y hombres de diversas ideologías, dado que no se perseguía necesariamente el comunismo sino cualquier tipo de oposición. Inclusive miembros de pequeños partidos anticomunistas que no seguían la línea del partido oficial, el Movimiento Democrático Nacionalista, MDN, y terminaron arrestados por el Comité contra el Comunismo (Prensa Libre, marzo 1956).
Esto demuestra que la definición del enemigo interno no era ser “comunista” sino que respondía a lógicas e intereses de las elites políticas en el poder y de los militares.

Fue así que, posterior a 1954, se consolidó la imagen del “enemigo interno”, combinando elementos históricos racistas de odio, desprecio y deseo de exterminar o dominar por completo a lo indígena, con la lucha anticomunista. El aterrorizar y acabar con el “otro”, el indio y comunista o una combinación de ambos, se volvió política de Estado. Entiéndase que “comunista” se convirtió en un término que abarcó todo tipo de oposición al régimen en el poder. Por eso, ante la forma en que el Estado planificó y operó la maquinaria de terror, en Guatemala, es imposible hablar de guerra civil.

Además, hay que cuestionar argumentos falaces, que intentan hacer creer a la población que aquí el conflicto se redujo a dos bandos, políticos e ideológicos con la misma capacidad, obviando elementos multicausales del conflicto y del genocidio.

Fuente: [https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/12/04/buscando-paz-en-la-impunidad-iv/]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

María Aguilar Velásquez

María Aguilar Velásquez

María Aguilar Velásquez, maya k’iche, historiadora.
Enfoque en temas de violencia de Estado y movimientos sociales en America Latina, especialmente Guatemala durante el siglo XX.
María Aguilar Velásquez

Latest posts by María Aguilar Velásquez (see all)