El mito del “primer grito de Independencia”

(motines de 1811 en la intendencia de San Salvador)

Eugenia López Velásquez[1]
Universidad de El Salvador

Resumen

En El Salvador existe la versión muy conocida en el mundo académico, en el de la enseñanza pública y en el ámbito de los festejos cívicos de la independencia, según la cual los motines ocurridos en la intendencia de San Salvador en noviembre y diciembre de 1811 ocurrieron bajo el liderazgo criollo en el marco de las acciones de un proceso pre independentista. Así, algunas narraciones han expresado que esos motines fueron “el primer grito de independencia”. Tal versión fue originada por la burocracia española sobre la base del patriotismo criollo de aquellos días en los que ocurrieron esos levantamientos, y reproducida en los siglos XIX y XX en la historiografía liberal y nacionalista, y continuada con variados matices en la historiografía reciente, en la que se construyó sobre la base de una invención la imagen de esos sucesos. De manera contraria a esa versión en este ensayo se sostiene que los alzamientos de indígenas, de ladinos y de mulatos de noviembre y diciembre de 1811 acaecidos en San Salvador fueron un movimiento en contra de los abusos de autoridad del intendente Antonio Ulloa, del cobro del tributo, del estanco del tabaco y aguardiente, en defensa de las Cajas de Comunidad y ante la grave situación de hambruna, desabasto y desempleo que se vivía en esos días por una crisis agrícola; situaciones que llevaron a la población de varios pueblos a una explosión social y a los burócratas criollos y peninsulares  de la intendencia a actuar con la persuasión y la violencia para someter al movimiento.

Palabras clave: motines, patriotismo criollo, mitos, historiografía liberal, independencia 

Abstract

In El Salvador, there is a well-known version in the academic world, in public education and in the field of civic celebrations of Independence, which tells us that the riots that occurred in the Intendance of San Salvador in November and December 1811 occurred under the Creole leadership in the framework of the actions of a pre-independence process, so some stories have expressed that they were “The first cry of independence.” This version was originated by the Spanish bureaucracy on the basis of the Creole patriotism of those days in which these uprisings occurred, reproduced in the nineteenth and twentieth centuries in liberal and nationalist historiography, and continued with varied nuances in recent historiography, in which was built on the basis of an invention the image of these events. Contrary to this version in this essay, it is argued that the uprisings of Indians, Ladinos and Mulattoes of November and December 1811 in San Salvador were a move against the abuses of authority of the Mayor Antonio Ulloa, tribute, tobacconist and aguardiente, in defense of the Cajas de Comunidad and in view of the serious situation of famine, unemployment and unemployment that was experienced in those days by an agricultural crisis; situations that led the population of several towns to a social explosion and the bureaucrats creoles and peninsulares of the intendancy to act with persuasion and violence to subdue the movement.

Keywords: revolts, Creole patriotism, myths, liberal historiography

 

Introducción

El análisis que se presenta en lo que sigue está sustentado en las indagaciones documentales fechadas en los años de 1811 y 1812 que se encuentran en el Archivo General de Centroamérica, en el Archivo General de la Nación (El Salvador) y en el Archivo Municipal de Sonsonate. Además se hizo una revisión historiográfica de lo producido alrededor de esos movimientos. Se revisó una serie de publicaciones bastante amplia, pero debido a los límites de espacio para este texto no podremos extendernos; pero haremos una referencia corta de algunos de ellos.

Entre los autores de la historiografía tradicional liberal del siglo XX citamos a Manuel Vidal, quien sostiene que […]los sacerdotes José Matías Delgado, don Nicolás, don Vicente y don Juan Manuel Rodríguez y otros patriotas, trataron de apoderarse de los cuarteles, y ayudados por los habitantes de la capital, declaran la independencia” (Vidal, 1935), Manuel Castro Ramírez, expresa que […]El Padre Delgado fue el cerebro y Arce el brazo fuerte. Ambos beneméritos próceres, en unión de los padres Aguilar, Juan Manuel Rodríguez; Pedro Pablo Castillo; Domingo Antonio Lara y otro patriotas san salvadoreños lanzaron aquel formidable grito que inflamó de entusiasmo a toda Centroamérica” (Ramírez, S/f: 19). Entre otros trabajos producidos en el siglo pasado en esa misma línea, citamos a los de Manuel Valladares (1965: 28-36); de Jorge Lardé y Larín (1956: 43, 96) y los de Francisco Monterey (Tomo I, 1996: 16).

Por otra parte están los trabajos de la segunda mitad del siglo XX que plasmaron una versión un tanto crítica del discurso canon existente, pero sin distanciarse totalmente de la invención criolla. Tres son los más destacados representativos de esta narrativa: Francisco Pecorini Letona (1972: 7-15); en la línea de Pecorini está Alejandro Dagoberto Marroquín (2000), quien observa la participación de los mestizos y mulatos en posiciones avanzadas, acogiéndose al liberalismo de los criollos; éstos insinúan tímidas reformas, los mestizos plantean la independencia absoluta.

Un tercer trabajo en la misma línea que los dos anteriores es el de Roque Dalton, quien, a diferencia de los dos autores anteriores, no da el liderazgo a los criollos. Dalton expone que los del 1811 son levantamientos populares y que los criollos actuaron como pacificadores y mediadores (Dalton, 1989: 40-42).

Y para mencionar al menos un trabajo de la historiografía reciente, citamos el de Elizet Paine Iglesias, quien plantea que los movimientos de 1811 son populares, anti fiscales y antiespañoles, y a pesar de que su trabajo se presenta como novedoso, nos parece que en algunos planteamientos tiene mucha cercanía a los planteamientos de Marroquín y Peccorini en cuanto a que ve como un solo movimiento el de criollos y el de los vecinos dirigidos por sus alcaldes de barrios; observa que los criollos mediatizaron el movimiento popular y tomaron el liderazgo, puesto que ellos se toman el cabildo y obligaron a renunciar al intendente (Paine, 2007).

De acuerdo con nuestro balance, la historiografía reciente aunque ha pretendido deslindarse de la historiografía liberal, no se aparta de los argumentos centrales de esta última; una de las razones por lo cual no lo ha hecho, es porque no son interpretaciones con base a fuentes de archivos, sino, reinterpretaciones de la historiografía anterior; son trabajos que como el de Paine, Sajid Herera, Roberto Turcios y otros, retoman en mucho lo planteado por Marroquín y Peccorini. Además, son versiones que también están sustentadas en los procesos judiciales de infidencia, en los que hay declaraciones de testigos falsos que dieron su declaración en el 1814 contra los criollos prisioneros, a quienes las autoridades de la audiencia trataban de inculpar por los motines de noviembre de 1811. En mi opinión los procesos judiciales deben leerse de manera cuidadosa y con detenimiento, puesto que no se pueden tomar como veraces una serie de acusaciones falsas que quedan registradas.

A partir de esa revisión se sostiene en este texto que la actuación de los criollos del gobierno civil y eclesial de la intendencia de San Salvador y de la ciudad de Guatemala,  entre otros José Matías Delgado, no fue de apoyo y de liderazgo del movimiento, ni de reencauce de las demandas de los alzados, como ha reiterado la historiografía existente; de manera contraria, ellos actuaron para desaprobar, desarticular y someter la acción de los amotinados. Posición que tuvo el apoyo del presidente de la Audiencia, José de Bustamante, de los miembros del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, particularmente de José María Peinado y de José de Aycinena, del apoyo que dieron las autoridades y los cuerpos de milicia de la ciudad de San Miguel y de la Ciudad de Guatemala; además desde otras ciudades de Centroamérica, de Nueva España y desde las Cortes Generales reunidas en Cádiz, que enviaron sus congratulaciones

Además de esclarecer lo ocurrido y cuestionar un mito historiográfico, se intenta en esta publicación, mostrar el poder y la acción política que emanó de barrios y pueblos de ladinos, mulatos e indígenas. Se trata de un movimiento en el que se conjugaron dos vertientes: la tradicional práctica de acciones de resistencia de los pueblos y parcialidades o barrios de indios, ladinos y mulatos a través del motín como lo habían hecho siempre en contra del poder colonial, y la incorporación en su lucha de elementos del nuevo contexto político, dado por la crisis política que vivía la monarquía, y de los cambios emanados por las Cortes Generales en España, entre los cuales algunos de cambios que más les atañía estaba la abolición del tributo.

 

San Salvador, lugar de los motines: una provincia muy pobre y aislada

La intendencia de San Salvador con apenas 1,900 leguas cuadradas era, en la primera década del siglo XIX, una extensión territorial muy densamente poblada. Según el censo de 1807 tenía unos 165 mil 278 habitantes, de los que 4 mil 729 eran españoles peninsulares y criollos americanos, 89 mil 374 mestizos, categoría en la que según el censo se incluyó a mulatos, zambos, negros y ladinos; y el resto, 71 mil 175, eran indígenas.

Pese a que se producía una importante producción agrícola comercial de añil para el mercado europeo, era una parte de las más aisladas comercialmente de la audiencia de Guatemala, puesto que no contaba con una costa frente al Atlántico, donde se desarrollaba la más intensa transacción de exportación e importación de mercancías del mercado legal e ilegal.

La producción y comercialización del añil, pese a que involucraba a pequeños propietarios, a trabajadores colonos y jornaleros, era hegemonizada por comerciantes locales con nexos y subordinados a la red de comerciantes de la ciudad de Guatemala, quienes se encargaban de transportar los zurrones de añil hacia el Atlántico.

Paralela a esa producción comercial, existía una economía de subsistencia basada en el cultivo del maíz, frijol, algodón, tabaco en pequeña escala, cría de aves, cerdos y muy poco ganado; era una economía estrecha, lo cual hacía que la mayoría de las familias fueran muy pobres.

Tanto la agricultura comercial como la de subsistencia continuamente enfrentaban crisis. En los últimos años del siglo XVIII y la primera década del XIX, se vivieron graves catástrofes agrarias ocasionadas por las plagas de langostas a los cultivos, insectos que muy rápidamente se comían las siembras,  lo cual ocasionó hambrunas, desabasto y desempleo. Tal situación afectó la economía de toda la intendencia, pero de manera más dramática repercutió en las parcialidades y pueblos con economías más pobres.

Cuando José María Peinado y José de Aycinena fueron enviados a San Salvador con un cuerpo de milicias para controlar la situación causada por las revueltas de 1811,  percibieron la grave situación en la que se encontraba la población, y expusieron al presidente de la audiencia sobre el estado de cosas en que encontraba la intendencia:

[…] rodeados estos habitantes de miseria y de aflicciones en la triste alternativa de perecer en medio de las terribles congojas del hambre y de todas las calamidades […] por resultado de veinte años de guerras, de langostas, de ruinas causadas por temblores y de calamidades políticas que han llegado a esta provincia…(Oficio de del 7 de enero de 1812, AGCA, B2.9, Leg. 38, exp.869).

San Salvador fue muy afectada por todas esas calamidades, hubo escasez de alimentos en la ciudad de San Salvador y en los pueblos, y los trabajadores de las zonas más afectadas tuvieron que huir a zonas más sanas para buscar trabajo (Wortman, 1985: 235). Otra calamidad que se sumó a la mala situación fue que el crédito se vino abajo en 1804, a causa de la consolidación de los vales reales y la interrupción de los flujos comerciales hacia España. Muchos cosecheros no pudieron solventar los créditos y perdieron sus tierras a manos de algunos comerciantes guatemaltecos, quienes actuaban como prestamistas. Los ganaderos hondureños y nicaragüenses se encontraron en similares circunstancias, ellos tenían una producción ganadera orientada a la comercialización de carnes y cueros en el resto de Centroamérica, y a falta de créditos en estos años dejaron de producir las cantidades anteriores (Lindo, 2002: 31; Wortman, 1985: 242).

En el año de 1809 la situación en San Salvador empeoró, por los bajos precios del añil. Para palear esos graves problemas agrícolas se pensó en introducir el tabaco, buscando, con ello una producción más estable que la del añil[2]; pero fue un proyecto frustrado por la falta de apoyo que los cosecheros obtuvieron de las autoridades de la audiencia; los mayores cosecheros y comerciantes del jiquilite insistieron ante las autoridades que les apoyaran,  pero no eran escuchados. Unos meses después de los alzamientos, al narrar la problemática agraria que estaban viviendo, el síndico del Ayuntamiento de la ciudad de San Salvador, se lamentaba y decía: “…no se puede ver sin dolor la triste situación a la que se halla reducida la provincia, aumentada con la decadencia del añil, por los pocos recursos de los cosecheros para ejercitarse en la labranza” (Oficio de 21 de febrero de 1812 del ayuntamiento de San Salvador para el presidente del reino, en AGCA, B2.9, leg. 38, exp. 883).

 

Los malestares por las cargas fiscales y otros agravios

Años atrás, en la época de Carlos III, y sobre todo de su sucesor, Carlos IV, las políticas fiscales y de productos estancados que se aplicaron en el marco de las reforma hacendarias  a fin de hacer eficiente la recaudación del erario real, generaron muchos malestares. La alcabala, el comercio limitado, los estancos del tabaco, del aguardiente y la chicha, la persecución del contrabando y de la producción ilegal perjudicaron por igual a grandes y pequeños comerciantes criollos y peninsulares, a parcialidades o barrios de indígenas, de mulatos, de ladinos, y a consumidores de todos los sectores.[3]

En el año 1797 las medidas hacendarias se redoblaron, las reformas fiscales agregaron a los monopolios comerciales del Estado la producción y venta de otros productos, entre ellos los puros, los cigarros de tuza y las peleas de gallo, afectando así las actividades comerciales de pequeños comerciantes y locales. Muchas economías familiares se quebraron con la prohibición de la fabricación de puros y cigarros de tuza, que muchas mujeres hacían en sus casas o en talleres familiares; ahora esos productos únicamente podían ser producidos y vendidos en expendios autorizados. Tal disposición afectó a las mujeres ladinas y mulatas que vendían puros en los caminos, pueblos y plazas. También se prohibieron las “sacaderas” de chicha que las mujeres tenían en sus casas para consumo familiar y para la venta a sus vecindades (López V, 2000: tomo I). Algunas mujeres que se resistieron y continuaron con la venta de puros y chicha fueron perseguidas y apresadas, además de destruirles su producción.

 

El despotismo en el gobierno provincial y local, y las tensiones políticas

Algunos vecinos de la ciudad de San Salvador mal intencionados se han conspirado contra

las legítimas autoridades  (…) desconociendo por ello la sumisión respecto a obedecer…

(Documento del AGCA B2.1, leg.22, exp. 675).

 

En la intendencia de San Salvador figuraba como máxima autoridad del gobierno el peninsular José Antonio Gutiérrez Ulloa, puesto que había asumido desde 1804 por Cédula Real de 9 de septiembre de ese año (García, 1940: 234) y en el cargo de asesor teniente del intendente estaba nombrado el doctor Pedro Barriere, un burócrata de la monarquía de origen francés, quien  por disputas con el intendente y por sospechas de simpatías al gobierno bonapartista usurpador prefirió trasladarse a la ciudad de Guatemala, abandonando su puesto vertiginosamente, para evitar ser acusado de agente francés que subvertía el orden en la intendencia.

Muy pronto se generaron diversas tensiones entre el intendente y miembros subalternos de su gobierno, por la desconfianza, temor y terror que se expandió de una posible penetración de ideas francesas. También se originaron tensiones entre el intendente y gente de poder económico y el intendente y población llana, a causa del  abuso de autoridad, persecución política y acusaciones de subvertir el orden que hacía el intendente continuamente.

En marzo de 1807, de manera anónima, aparecieron algunos pasquines adheridos frente a la casa del intendente. Hecho que para el intendente tuvo un carácter subversivo[4], asunto que fue motivo para perseguir a supuestos sospechosos.

Hacia 1808 el panorama de la intendencia desmejoró, ante la crisis monárquica producida por  la invasión bonapartista y el apresamiento del rey. Una nueva contrariedad la causó la orden de donaciones y del nuevo impuesto para sostener la guerra contra José Bonaparte y liberar al rey. Tales medidas fueron recibidas con indignación en los pueblos de indios y de ladinos, puesto que para cubrir las donaciones las autoridades de la Audiencia ordenaron a  alcaldes y subdelegadas tomar los fondos de las Cajas de Comunidad para enviarlos a la resistencia española, fondos que comúnmente eran utilizados para los gastos comunes de los barrios o pueblos.

En 1809 la ciudad de San Salvador se hallaba con los ánimos alterados. Las molestias apuntaron a los mecanismos que el intendente estableció para la elección de diputados a Cortes, y al control y persecución contra las protestas que se dejaba sentir. Situaciones similares sucedían en la ciudad de Guatemala y otras ciudades, donde hubo críticas y descontentos por los viciados procesos electorales. Las tensiones políticas de estos años fueron alimentadas por el temor de que hubiese, dentro de la población, sentimientos de insubordinación a las autoridades superiores e infidelidades a la patria y a la religión, en nexos con los franceses. Asimismo, había temor de que se estuviera promoviendo sublevaciones en contra de las autoridades superiores. Bajo esas circunstancias el intendente vigiló y apresó a varios sospechosos,  entre otros  a Antonio Campos, a quienes  acusó de insurgentes[5].

Los malestares populares y las acciones arbitrarias del intendente continuaros en los años posteriores. En los primeros meses de 1811 en los barrios de la ciudad de San Salvador hubo indignación, por los privilegios que el intendente otorgó a los españoles europeos y a criollos en los procesos electorales para elegir diputados a Cortes. En su enojo demandaban para que también ellos fueran tomados en cuenta. Por tal asunto hubo persecuciones en San Salvador por sospechas de infidelidad a la monarquía.

En esos mismos días llegó José de Bustamante a Centroamérica procedente de México, donde vivió la experiencia de la insurrección conducida por Hidalgo. También había estado en el Sur de América ocupándose de los movimientos juntistas.

En marzo de 1811 asumió el cargo de presidente de la Audiencia e inmediatamente, debido  a los malestares de San Salvador (de los que tuvo noticias a su llegada a la ciudad de Guatemala) y al temor de que hubiera una insurrección como la de Hidalgo, o que se dieran  movimientos como los del Sur de América, se mostró decidido impedir cualquier brote de oposición.

Así, percibiendo con preocupación la situación de San Salvador, Bustamante habría dicho en un mensaje: “Vi acreditada las noticias que se me habían dado del espíritu secreto de inquietud de este Reino; temí sus efectos en la Provincia de San Salvador” (Archivo General de Indias  E-100, C 3, L 16, en Figeac, s/f: 57). Después difundió que al reino habían llegado espías franceses leales a los Bonaparte para causar alteraciones.También expresó que se consideraría insurgente a todo aquel que comunicara noticias falsas y capciosas a favor de los franceses en España, o de los insurgentes del reino de Nueva España, al que hablara mal del Gobierno supremo y de su congreso (se refería a las Cortes Generales celebradas en Cádiz).[6] Y atendiendo al estado de cosas de la intendencia de San Salvador ordenó acciones para controlarla, para lo que le fue útil el intendente Ulloa. Bajo ese marco, Ulloa aumentó el control y la vigilancia de la población, persiguió sospechosos de infidencias y los llevó a prisión; esas acciones del intendente dieron cierta tranquilidad al presidente Bustamante.

En esos días aumentó el control y vigilancia de la población y se encerró en las cárceles a varios sospechosos, quienes fueron  acusados de subversivos. Una lista de prisioneros que el alcalde de primera y segunda vara de Zacatecoluca, José Estevan Yúdice, envió al juzgado segundo de la Intendencia de San Salvador muestra las diversas capturas que se hicieron en distintos pueblos en el año de 1811, antes y después de los levantamientos de noviembre (AGCA, A13, leg.264, exp.3084). La mayoría de estos reos fueron llevados a la cárcel de Zacatecoluca y a las de la ciudad de Guatemala; a muchos de ellos les fue dado el indulto junto con los reos indultados de los motines de noviembre, otros continuaron presos y algunos se escaparon.

Pese a todas las acciones para controlar los ánimos, en noviembre estallaron los alzamientos. Como veremos más adelante, el capitán general Bustamante tomó parte apoyándose en el Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y en los Ayuntamientos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y San Vicente, para actuar bajo una política de conciliación y fuerza, a fin de controlar los alzamientos.

 

El estallido de las revueltas

Los amotinados de Santa Ana  pidieron a José Ciriaco Méndez y a don Vicente Vides (criollos) …que reinaran a nombre de todos… que salieran estos dos y los chapetones del pueblo por que los arruinaban… (AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 676, declaración de un prisionero después del motín de San Ana).

En noviembre de 1811 los vecinos de algunos barrios de la capital, de parcialidades y de pueblos de castas,[7] de ladinos e indígenas ante la situación política y económica recurrieron al motín, reclamando entre otros asuntos, que el intendente abandonara su cargo y la provincia, y que algunos criollos y españoles reconocidos como “malas autoridades” también abandonaran sus cargos concejiles.

En esos levantamientos no hubo líderes criollos. “No hubo cabecillas externos”, habrían dicho algunos de los presos que fueron capturados en el motín de Santa Ana a la hora de dar sus declaraciones; entre ellos, Juan de Dios Jaco, líder del motín de Santa Ana, quien narró que una noche antes, con otros del barrio convocó a reunión para planear, y acordaron que llevarían la voz Tiburcio Morán y Chico Fabio, dos hombres del barrio.

Cuando se le tomó declaración a otros de los reos trasladados a la ciudad de Guatemala, y se les preguntó quiénes eran los cabezas del alzamiento ocurrido en Santa Ana, dijeron repetidamente que nadie, ni eclesiásticos, ni ningún particular español los había persuadido, y que todo había sido entre ellos (AGCA, B2.1, leg. 22, 676). Quienes acudieron a los motines, declaró el reo Tiburcio Morán, fueron hombres de los barrios y de los pueblos, y algunas mujeres. Así lo muestran también las comunicaciones que circularon entre el jefe político José de Bustamante, el Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y los ayuntamientos de españoles de San Salvador y San Miguel.[8]

En la ciudad de San Salvador el motín estalló entre los días del 5 al 7 de noviembre. Un importante número de gente de la plebe de algunos barrios de la ciudad participó en las acciones. Los informes dan cuenta de que en esos días toda la ciudad se conmocionó. Un mensaje de 11 de diciembre de 1811 al presidente de la audiencia describió  “…que San Salvador era un revoluto continuo que solo suspiros y lloros se ven por las calles…” (AGCA, B2.1, leg. 22, 670).

En el partido de Zacatecoluca se alzó gente de la plebe e indios del pueblo de Santiago Nonualco, que “muy pronto se ha logrado sosegar” informó alguien de la división (de milicias) de Zacatecoluca (AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 670).

En Santa Ana el motín del 19 de noviembre fue preparado por un barrio de la plebe […] “bajo el cabeza del barrio Cirilo Regalado” (AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 676).[9] Habrían sido unos seiscientos hombres los que fueron a casa de Irene Chacón, quienes desprovistos de armas se condujeron al cabildo de Santa Ana, en reunión ese día (Ibídem).

En la zona oriental de la provincia, entre los días 17 y 23 de noviembre, se dio un alzamiento en el barrio la Pulga y Cerro Colorado, del pueblo de Usulután. Los amotinados fueron ladinos e indígenas de esos barrios.

En Metapán, a la hora de la oración del día 24 de noviembre estalló un motín en la parcialidad de indios y en la de ladinos y mulatos, acciones que se extendieron hasta el día 26 de noviembre.

Hubo brotes de protestas también en Chalatenango, Cojutepeque y en San Miguel, en otros pueblos, pero fueron controladas por los cuerpos de gobiernos locales, en algunos lugares con apoyo de cuerpos milicias.

Los alzamientos producidos emanaron de la acción política de la población y habría sido una red de alzamientos que no se dieron de manera aislada: hay algunas evidencias que dan cuentan que líderes de los barrios de San Salvador se coordinaron con líderes de algunos pueblos, establecieron comunicaciones, informándoles del motín de la capital e invitándoles a que hicieran lo mismo. Las notas enviadas por los amotinados de San Salvador a otros pueblos causaron entusiasmo y, en algunos de ellos, sirvieron de impulso para hacer sus propios alzamientos..

En oficio enviado por el ayuntamiento de Santa Ana al presidente de la Audiencia, se informa que Dominga Fabio, una mujer participante del motín, contó que cuando supieron  “que ya los de San Salvador habían ganado” pensaron que ellos debían hacer lo mismo; Juan de Dios Jaco, reo del motín de Santa Ana, declaró que habiendo llegado una carta de San Salvador, se llamó a cabildo del barrio, reunida la gente decidieron que asistirían al cabildo de españoles que se reuniría al día siguiente para pronunciar sus demandas (AGCA, leg. 22, exp. 676).

Además, se sabe que de los barrios alzados de San Salvador fue enviada a distintos pueblos una proclama de insurrección, donde se trazaban algunas indicaciones de cómo debían de proceder.[10] En algunos lugares, sin embargo, las comunicaciones fallaron, debido a que fueron interceptadas. En San Vicente el documento enviado el 7 de noviembre fue interceptado por los capitulares de la villa y lo enviaron al capitán general (García, 1940:157). En San Miguel también fue interceptado, y quemado en la plaza pública. Y aunque las revueltas no prosperaron en esta villa, tuvo que suspenderse la feria, para evitar, conglomeraciones.[11]

En los motines que estallaron no solamente se estableció coordinación en la manera de llevar a efecto los alzamientos, sino también para plantear las demandas: la destitución de autoridades, [12] abolición efectiva del tributo y del repartimiento, anulación del estanco del aguardiente, que los ayuntamientos de españoles solo fuesen integrados por criollos, no por chapetones (como llamaban a los españoles); elección de nuevos ayuntamientos, anulación del pago de los cuatro pesos anuales de Cajas de Comunidad y de la alcabala.[13] La unificación de las demandas de todos los alzamientos muestra un nivel de coordinación substancial entre ellos, y por el carácter de las demandas es claro que los motines tenían un carácter popular.

Estos sucesos causaron gran impacto en otros lugares fuera del reino. Particularmente lo que causó mayor impacto fue la destitución del intendente Antonio Ulloa. Así lo muestran las notas recibidas del ayuntamiento de la ciudad de México, y del Consejo de Regencia instalado en España. Cuerpos de gobierno que al saber de los alzamientos ocurridos en la provincia, expresaron sus felicitaciones por haber logrado la pacificación.[14]

 

La reacción del intendente, de los cabildos criollos y españoles, y de la Iglesia

La revuelta de la capital, como las ocurridas en los otros pueblos, provocó un estado crítico en la intendencia, y causó mucha preocupación entre las autoridades de la Audiencia. Para algunos podrían haber estado influidas por la insurrección de Hidalgo o conducida por infiltrados franceses. Bajo esa confusión y sin examinar las causas y las demandas de los motines, fueron desaprobadas y repelidas no solo por el clero y cuerpos de gobierno de la provincia, sino también por la Audiencia y los miembros del Ayuntamiento de Guatemala, quienes las tildaron de actos subversivos (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 855). Las primeras reacciones del presidente Bustamante y del vicario de San Salvador  fue la de creer que los tumultos no habían sido organizados y conducidos por la misma gente de los barrios, sino por cabecillas externos. Se dijo entre otras cosas que la gente alzada había sido susceptible de engaños por su ignorancia (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 842)[15] y que se habían dejado arrastrar por el mal ejemplo y el odio (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 847).[16]

En la ciudad de Guatemala, después de recibir las noticias de los graves sucesos y la solicitud de apoyo que llegó de las autoridades de San Salvador, el presidente Bustamante  y el Ayuntamiento de la ciudad, bajo una considerable preocupación, decidieron enviar a dos comisionados; designaciones que recayeron en José de Aycinena, jefe de las milicias, y en José María Peinado, un hábil político, miembro del Ayuntamiento de la ciudad.

Mientras tanto, en San Salvador, miembros de las familias de comerciantes y hacendados, y miembros de los órganos del gobierno civil y eclesiástico, echaron mano de una serie de acciones y discursos para convencer a los alzados que tomaran el camino de la conciliación, y les hicieron llamados a la subordinación y a la obediencia para evitar males peores. Desde el pulpito, el vicario José Matías Delgado, llamó a la obediencia y a la resignación.

Las autoridades tendieron a pensar que aquellos graves sucesos debían resolverse de manera pacífica, pero también utilizando la fuerza, y así evitar un baño de sangre. El llamado a la pacificación que idearon fue buscar el restablecimiento de la tranquilidad pública por dos vías: por un lado, intervinieron de manera paternalista y persuasiva, a través de discursos, pasquines y homilías, tratando de convencer a los alzados que dejaran la actitud de insubordinación y tomaran el camino de la obediencia; esos mensajes también fueron dirigidos al resto de la población, a fin de inculcarles temor para que no se sumaran a los movimientos. Pero también, hubo uso de la fuerza a través de cuerpos de milicias de la provincia, de las que fueron movilizadas desde Comayagua y la ciudad de Guatemala.

Mientras se hacían algunas  acciones de persuasión, los cuerpos de milicias actuaron. El Ayuntamiento de San Vicente con apoyo miliciano, después de haber sometido a los indios alzados de Santiago Nonualco y tomado prisioneros a los cabecillas, se preparó con 250 hombres para apoyar al Ayuntamiento de San Salvador, por si era necesaria la fuerza miliciana (AGCA, B2.1, Leg. 22, 681). Lo mismo hizo el Ayuntamiento y la comandancia de San Miguel: para evitar cualquier posibilidad de conmoción en la ciudad, se suspendió la feria de añil que pronto se celebraría en la plaza de la ciudad, y se ordenó el desplazamiento de una fuerza de milicias a Zacatecoluca, y a la ciudad de San Miguel (AGCA, Leg. 22, Exp. 670).

Las milicias comandas por José de Aycinena procedieron a aplastar los amotinamientos en Metapán, las de San Miguel lo hicieron en Santiago Nonualco y Zacatecoluca, y evitaron que en San Vicente y San Miguel se dieran revueltas. Durante mucho tiempo después de los sucesos, se dedicaron a vigilar a la población y evitar nuevos acontecimientos.

Como resultado de las acciones de las milicias, se llevó a prisión a algunos líderes de los motines. Los capturados en Metapán fueron enviados a las cárceles de la ciudad de Guatemala, entre ellos algunas mujeres. En la cárcel de Zacatecoluca encerraron a varios hombres y mujeres, entre otros, a José María Marimbero, de Santa Ana; a María Anastasia, india de Santiago Nonualco; a Bernardino Cesta, indio gobernador del pueblo de San Pedro Nonualco; a Rufino León, José Casimiro de la Cruz, José María de la Cruz Sosa, José P. Ventura , José María Carrillo y a José Martínez, indio, de Zacatecoluca; a José Antonio Vargas (alias Tranquilino), mulato de la ciudad de Leca; a José Joaquín Gómez, indio de San Pedro Nonualco, a María Luciana Montes, india del mismo pueblo; a Fermín Coto, mulato de Santiago Nonualco. Algunos de los incluidos en esta lista habían sido capturados antes de los hechos, y sus capturas habían sido parte de los motivos de los alzamientos.

Entre otras acciones tomadas por las autoridades, se efectuó la separación del cargo al  intendente Ulloa, así se cumplía una de las demandas más aclamada por los amotinados;  también aceptaron hacer cambios de miembros del Ayuntamiento de la ciudad de San Salvador, dejando fuera de esos cuerpos a los “chapetones”.[17] Mientras, trataban de convencer a los alzados que debían llegar a la conciliación; aquellos, después de la reunión de cabildo donde se eligieron nuevos miembros del Ayuntamiento, se retiraron sin llegar a acuerdos, y decidieron erigirse en junta para continuar exigiendo sus demandas. Sin embargo, debido a las medidas de persecución tomadas en los días siguientes, las acciones para alcanzar todas sus demandas no prosperaron.

Cuando los alzados de la ciudad de San Salvador se replegaron, el vicario se mostró satisfecho frente a la feligresía y le expresó: “…Tenemos la satisfacción que se logró mantenerlos tranquilos (a los barrios) por medio de diversas medidas y vigilancia, por lo que hemos prevenido todo lo acontecido…” (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 687).[18]

En los últimos días del mes de noviembre todo estaba en aparente calma, los transeúntes que llegaron de San Salvador a Guatemala daban cuenta que la provincia “se encontraba quieta” (AGCA, B2.9, 38, 837). Aun así, autoridades eclesiásticas y civiles, para prevenir que aparecieran nuevos brotes, continuaron con las medidas atemorizantes y de persuasión.

En medio de esa tensa calma llegaron los comisionados Peinado y Aycinena a la ciudad de San Salvador, fueron recibidos con festejos por los miembros del Ayuntamiento y gente de la ciudad. Así lo hicieron también los representantes de la iglesia en la provincia, entre ellos el vicario José Matías Delgado; fray Julián de Luján, superior de los Dominicos; fray Nicolás Hermosilla, de los Franciscanos y fray Francisco Mejía, comendador de La Merced, quienes enviaron sus felicitaciones al Ayuntamiento de Guatemala y al presidente de la Audiencia, por el acierto de haber enviado una comisión para que pacificara la ciudad y la provincia (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 867).[19]

José de Aycinena fue nombrado comandante de armas, y José María Peinado, corregidor intendente, en sustitución de Gutiérrez y Ulloa. Días después, a Peinado se le nombró alcalde de primer voto del Ayuntamiento de San Salvador.[20] Durante esos días los comisionados emprendieron su labor, evitando llamar a cabildo para no dejar que los vecinos de los barrios volvieran a plantear demandas, en su opinión, exorbitantes (AGCA, B2.1, Leg. 22, Exp. 678).[21]

A mediados de diciembre de 1811 los comisionados y el ayuntamiento de San Salvador elogiaron la actitud de la plebe por la manifestación “del sincero arrepentimiento que mostró en sus exposiciones” y por la participación que tuvo en procesiones y oraciones, reconociendo “que habían tomado un sendero extraviado” (AGCA, B2.1, Leg. 22, Exp. 677). En consecuencia, el repliegue de los alzados fue resultado de la política de persuasión, sometimiento, temor y represión que autoridades eclesiásticas, civiles y militares habían sostenido de manera coordinada, para obtener de nuevo la obediencia y la subordinación. Una política muy alejada a la del pacto, como han argumentado historiadores en versiones recientes, y muy distante de la forma pacífica, tal como lo ha interpretado la versión tradicional.

Peinado y Aycinena prometieron abolir el tributo y, conociendo de cerca el estado de la provincia, recomendaron e insistieron que las autoridades del reino debían tomar acciones para resolver “el estado deplorable de la agricultura, y superar el hambre y la miseria por la pérdida del añil”. Sabían que esas circunstancias habían sido propiciadoras de los motines, y recomendaron que el añil debiera ser sustituido por el tabaco, una planta, dijeron, con muchas cualidades[22] “que prometía desarrollar el comercio con México y Perú, y que vendría a ser el único recurso para la sobrevivencia de la multitud indigente” (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 888). Sin embargo, esta y muchas de las prevenciones que intentaron llevar a efecto no se realizaron, y por lo mismo no se resolvieron las apremiantes circunstancias en las que se habían originado los alzamientos.

Las acciones de persuasión, represión y sometimiento fueron aplaudidas, celebradas y aprobadas por el presidente del reino y por el Consejo de Regencia establecido en España. Felicitaron al vicario José Matías Delgado, a los miembros de los ayuntamientos y a los jefes militares. Dijeron que con sus acciones “…habían logrado el restablecimiento del orden social…” al haber  “…controlado el intento de desquiciar a San Salvador” (AGCA, B2.9, Leg. 38, ex. 847)[23], y logrado liberarla del abismo de males, tal como lo expresó el vicario José Matías Delgado en el pulpito (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 687). También agradecieron a todos los demás que hubieran ayudado a restituir el orden, y “por haber estado comprometidos en la sagrada causa”; y se les nombró  “…centinelas de la patria e hijos del armonioso patriotismo… defensores de la santa religión, la integridad del territorio y defensa de la monarquía…” (AGCA, Leg. 22, Exp. 670).[24]

En junio de 1812, transcurrido unos meses de los levantamientos, José María Peinado y José de Aycinena, aseguraron al capitán general José de Bustamante, que la provincia se encontraba en total tranquilidad. En septiembre de 1812, el Ayuntamiento de la ciudad de San Miguel recibió del Consejo de Regencia, como muestra de agradecimiento a su fidelidad, el título de “muy noble y leal por haber cumplido con su deber ante los sublevados” (AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 882).[25] El mismo título recibieron los ayuntamientos de Santa Ana, San Vicente, San Miguel y Sonsonate. Además, Santa Ana recibió el título de villa por “haber ayudado a apagar el fuego de la insurrección” ( AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 880).

 

Consideraciones finales

Con esta investigación, efectuada a partir de material bibliográfico y material documental de archivos que registran las acciones de los distintos actores de lo sucedido en San Salvador en noviembre y diciembre de 1811, se ha logrado desvirtuar la versión criolla, y la distorsión que la historiografía tradicional y liberal elaboró, al construir, sin más, un mito fundacional del origen del Estado y de la nacionalidad salvadoreña, según la visión de los grupos de poder que han gobernado y predominado en El Salvador, desde los primeros años post independencia a la actualidad.

Se erigió un discurso que ha buscado glorificar a la elite económica y política de la provincia de San Salvador de los años finales de la época monárquica, situándoles como “centinelas de la patria” al haber apaciguado un movimiento social con demandas que expresaron circunstancias apremiantes para la mayoría de la población de esos años, y que al calor de las circunstancias se estimó, como muchos otros alzamientos populares ocurridos en Hispanoamérica, de desestabilizadores de la monarquía.

Esa versión original, reproducida y deformada por los intelectuales y políticos del liberalismo decimonónico, dio a las elites criollas el liderazgo de ese movimiento social, adjudicándoles una lucha contra los males coloniales y pro independentista. Versión que fue útil al nacionalismo liberal del siglo XIX, y que la historiografía reciente poco ha modificado a falta de investigaciones suficientemente documentadas.

 

Referencias bibliográficas

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Wortman, Miles L., (1985) Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1680-1840. Tegucigalpa: Banco Centroamericano de Integración Económica.

 

[1] La autora es doctora en Ciencias Sociales, historiadora y docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador.

[2] Véase Wortman, 1985: 528, y en nota del ayuntamiento de San Salvador meses después de las conmociones de noviembre de 1811, que expresa que para solucionar la crisis del añil pedían apoyo para que los cosecheros cambiaran de producto, el tabaco, véase en AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 883.

[3] Un ejemplo de los agobiantes cobros de la alcabala, parte de la política fiscal que se aplicó con las reformas Borbónicas fueron los cobros que debía hacer el alcalde mayor de la provincia de Sonsonate a los deudores del pueblo de Izalco para remitirlos a la administración de alcabalas, véase en el documento del Archivo Municipal de Sonsonate SV, 0301,001, 01, caja 7.3, exp. 3, 5 folios; también en el documento SV 0301 001 04 caja 6.1, Exp. 1, 3 folios, del archivo municipal de Sonsonate se reflejan los continuos cobros de tributos a los indígenas, este documento también muestra cómo los indígenas no pagaban los tributos tal como lo exigían los funcionarios.

[4] Oficio con fecha de 18 de marzo de 1807, firmado por el intendente remitido al superior gobierno para hacer averiguaciones sobre los autores de los pasquines, AGCA, B2. leg.12. exp. 913.

[5] Con fecha de 13 de mayo de 1809, el intendente Ulloa envió al capitán general del reino informe de los delitos en contra del reo Antonio Campos, véase en el documento del AGCA, A1.1, leg. 6921, exp.56929

[6] Nota del presidente José de Bustamante al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, véase en AGCA, A1. 2, leg.2189, exp.15, 737 fol.162.

[7] El término castas se ocupó en la época colonial para referirse a grupos de población resultante del mestizaje. También era usado para nombrar a diferentes grupos de africanos.

[8] Nota del ayuntamiento de San Miguel al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala de 19 noviembre de 1811en la que se refiere a los sucesos de San Salvador como una conmoción popular, véase en AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 669, de la misma forma se refiere el ayuntamiento de San Salvador en no de 3 de enero de 1812, véase en AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 675; AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 669.

[9] Expediente que contiene declaraciones de reos del motín trasladados a la ciudad de Guatemala e informes del ayuntamiento de Santa Ana sobre los sucesos.

  1. Véase también el documento de 9 de noviembre de 1811, del alcalde del ayuntamiento José María Hoyos: AGCA, B2.9, leg. 38, exp. 864.

[11] Véase el informe del ayuntamiento de San Miguel al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala de 19 de noviembre, en AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 671.

[12] En el motín de San Salvador de 5 a 7 de noviembre se demandó destitución del intendente y del ayuntamiento “vecinos de la ciudad de San Salvador se han conspirado contra las legítimas autoridades […] desconociendo respeto y obediencia, en AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 674, véase también sobre que la plebe quería apartar a los europeos de los mandos en AGCA, B2.1, leg. 22, exp. 675. Que ya no hubieran europeos Fernando Silva, Braulio de la Torre, Felipe Cerezo (García, 1940: 52).En el de Santa Ana de 19 de noviembre se demandó que salieran del ayuntamiento y del pueblo José Ciriaco Méndez, Vicente Vides y todos los chapetones, que solo los gobernaran los criollos, en AGCA, B2.1, Leg. 22, Exp. 676. En el barrio la Pulga y Cerro Colorado se pidió lo mismo.

[13] En Santa Ana se pidió quitar los cuatro pesos de fondos, el estanco de aguardiente, véase en AGCA, B2.1, Leg. 22, Exp. 676. En el alzamiento de Metapán y en el de Usulután se pidió eliminación del estanco de aguardiente. En el de San Salvador se pidió supresión de impuestos, supresión de estancos y monopolios (García, 1940: 52).

[14] Oficio de la sala capitular del ayuntamiento de la ciudad de México de 3 de enero de 1812, en respuesta al de fecha de 23 de noviembre de 1811 del jefe político del reino José de Bustamante agradeciéndole la información sobre lo acontecido, y expresándole sus felicitaciones por las providencias tomadas para cortar el mal, en AGCA, B2.9, Leg. 38, exp.881.

[15] Oficio del ayuntamiento de Guatemala de 16 de noviembre de 1811.

[16] 25 de noviembre de 181, Sala capitular de San Vicente. Véase también AGCA, B2.9, Leg. 38, exp.837.

[17] En la ciudad de San Salvador en los dos meses posteriores a los alzamientos hubo cambios en los miembros del Ayuntamiento. Para los primeros meses de 1812 el alcalde de primer voto era José María Peinado, y el resto del ayuntamiento eran Leandro Fagoaga, Juan Miguel Ventura, Bernardo Arce, Domingo Durán, Juan Delgado, José Inocente Escolán y José María Villaseñor.

[18] Nota enviada al jefe político con fecha de 24 de noviembre de 1811.

[19] San Salvador 7 de enero de 1812.

[20] Varios documentos hacen referencia a la designación del doctor José María Peinado y el coronel José de Aycinena, para que ocupen el mando de la provincia en el cargo de intendente y corregidor y comandante de las armas, para que medien y restablezcan el orden social. Véase en AGCA, B2.9, leg. 38, Exp. 847; AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 855.

[21] Nota de 7 de diciembre de 1811 enviada por los comisionados al jefe político de Guatemala.

[22] Oficio de fecha de 7 de enero de 1812, en el que José María Peinado y José de Aycinena, argumentan que el tabaco es una planta que reúne casi todas las cualidades necesarias para sufragar el ya perdido preciado artículo del añil.  Véase en AGCA, B2.9, Leg. 38, Exp. 869.

[23] 25 de noviembre de 1811, sala capitular de San Vicente.

[24] Los reos del motín de Santa Ana y Metapán fueron enviados a la ciudad de Guatemala, entre ellos a Juan de Dios Jaco, Lucio Morán, Bruno Morales, Juana evangelista, Anselma Asencio, Dominga Fabio, Francisco Fabio, Francisco Reina y Ramón Salazar, véase en AGCA, B2.1, leg. 22, Exp. 669. En la cárcel de Zacatecoluca se encerraron los reos de Santiago Nonualco, véase en AGCA, A13, Leg.264, exp.3084.

[25] Notas de 12 de septiembre de 1812.

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