El Cambray II

ALEJANDRO BALSELLS CONDE

El Cambray II no fue ninguna tragedia natural, fue un crimen. Una empresa promotora, una municipalidad avaladora, un Ministerio de Ambiente cómplice y la ausencia ejecutiva sobre la magnitud del peligro, en más de una década, tiene nombres y apellidos. La vida vale muy poco en nuestro país, pero que en un momento cientos de personas que invirtieron sus legítimos recursos económicos mueran por habitar un sitio que los ponía en riesgo permanente es una vergüenza.

En nuestro medio, la casa propia es un lujo, y que se permita la urbanización y comercialización de un terreno que, conforme lo dicho por expertos, jamás fue seguro, denota que las leyes son burladas por manojo. La autoría de la tragedia es de muchos y por eso las autoridades deben ir a fondo. ¡Babosadas que por falta de legislación, la institucionalidad no puede prevenir ese tipo de crímenes! Los primeros dos artículos constitucionales son suficientes para amparar una dinámica administrativa más humana. Esos argumentos a otro lado.

El Cambray II no era ningún asentamiento clandestino ni lotificación pirata, y mucho menos edificada por desconocidos. Bancos hasta dieron créditos para financiar construcciones y así permitieron a los promotores comercializar lo riesgoso, la falta de respeto a lo elemental, como lo es la vida, y la seguridad es evidente. Primero como paraje, después como caserío para aparecer de la noche a la mañana como colonia, denota la ausencia de una “medio idea” de urbanismo en la Municipalidad que tuvo a su alcalde como el mejor el año pasado.

El problema es conceptual, hemos perdido el norte y ni tenemos idea de que una organización comunitaria, como el Estado o el Municipio, tiene objetivo si brinda protección. En un sistema capitalista, o más bien, de capitalismo precario como el nuestro cuidar al consumidor es básico, pero si el consumidor en su bien más preciado, como lo es su vivienda, es víctima fácil de estafa con la colaboración de las autoridades, el régimen económico y jurídico se convierte en canción. La responsabilidad penal será una, pero la responsabilidad civil es, en estos momentos de tanta angustia y carencia, la que debe declararse con urgencia; familias desintegradas y huérfanos lo exigen. El Estado y el Municipio, así como los promotores, deben indemnizar porque el daño se provocó en contravención a leyes expresas y no debemos condenar a las víctimas a presentar un engorroso y caro proceso civil que dure años; en sede administrativa mucho puede hacerse.

Las “soluciones” a estas tragedias burlan cualquier idea que tenemos de derecho. Por supuesto que está bien que el Estado destine un inmueble para las víctimas, será su derecho construir y vivir allí. Acá el asunto no se trata de ir a construir viviendas provisionales y repetir los errores del terremoto, este fue un delito y las víctimas deben ser indemnizadas, no tratadas como refugiados de daños ambientales. Aplaudimos a los héroes que se lanzaron a la ayuda desinteresada frente a la magnitud del desastre, ellos nos recuerdan la bondad del ser humano y la solidaridad guatemalteca, pero en estos momentos el Estado debe dar cuentas de las acciones y omisiones de sus funcionarios.

Fuente: [http://www.prensalibre.com/opinion/el-cambray-ii-1]